Piden avanzar con el decomiso del departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario
Diego Luciani impulsó una nueva ronda de recuperación de bienes en la causa Vialidad e incluyó la vivienda de San José 1111 entre los activos bajo la mira de la Justicia.
En un nuevo capítulo de la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal N° 2 que avance con el decomiso del departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. El planteo se enmarca en la segunda etapa del proceso de recuperación de activos que empuja la fiscalía para intentar cubrir el perjuicio económico fijado por la Justicia, que ronda los $685.000 millones. La movida, que tomó fuerza en las últimas horas, mete presión sobre una causa que sigue generando repercusiones políticas y judiciales.
Ese inmueble aparece ahora entre los bienes más sensibles del nuevo listado presentado por el Ministerio Público. La exmandataria vive allí desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. Según el dictamen, la propiedad formaría parte del entramado patrimonial investigado y debería sumarse al decomiso para ayudar a resarcir el daño al Estado. No es un dato menor: se trata del domicilio actual de la expresidenta y de uno de los bienes más visibles en discusión.
Pero el pedido no se queda solo en ese departamento. Luciani presentó un listado mucho más amplio que incluye 141 inmuebles, 46 automotores, US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y otras sumas menores en pesos. Dentro de ese paquete también figuran 13 propiedades de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez. La fiscalía habla de una segunda tanda de decomisos, con la idea de ampliar el alcance de la ejecución patrimonial.
Entre los bienes más emblemáticos también aparecen el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea en El Chaltén, el chalet de la costanera en Río Gallegos y distintas propiedades y terrenos en Santa Cruz. Todo esto se suma a una primera etapa del decomiso que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados. La fiscalía sostiene que busca recuperar activos surgidos de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Luciani remarcó además que los condenados fueron intimados a devolver el monto fijado por la sentencia y que, hasta ahora, "no han depositado ni un solo peso". Con ese argumento, la fiscalía entiende que quedó habilitada la ejecución sobre sus bienes. Ahora la decisión está en manos de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, mientras la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos sigue intentando frenar el avance con recursos judiciales. El caso, como era de esperarse, promete seguir dando tela para cortar.
