Tres de una familia admitieron la maniobra con planes sociales que sacudió a San Juan
Romeo Saavedra, su hija y su hermano aceptaron haber intervenido en una operatoria con 51 tarjetas de programas sociales. La Justicia ahora define las penas y sigue la pista del dinero que no llegó a sus dueños.
Después de una investigación que llevó años, Romeo Isidoro Saavedra, Sol Araceli Saavedra y Juan José Saavedra terminaron reconociendo su participación en una maniobra con tarjetas de planes sociales nacionales. El caso pegó fuerte en San Juan porque involucró beneficios pensados para personas vulnerables y terminó bajo la lupa de la Justicia Federal. Los tres aceptaron avanzar por juicio abreviado en una audiencia realizada este miércoles.
La reunión fue en el Tribunal Oral Federal y estuvo encabezada por el juez Hugo Echegaray. Allí, los imputados prestaron conformidad al acuerdo y admitieron los hechos investigados. Ahora la próxima cita será el 27 de mayo, cuando se discutan las penas que podría recibir cada uno. Tras escuchar los planteos del fiscal Fernando Alcaraz y de las defensas, el magistrado deberá resolver la condena.
Según la causa, la estructura habría operado con 51 tarjetas vinculadas a programas como Progresar. La acusación sostiene que se retiraba dinero y luego se retenía una parte que debía llegar a los titulares de los beneficios. En ese esquema, Romeo Saavedra habría tenido el papel principal en las extracciones, mientras que Sol Araceli Saavedra se ocupaba de contactar y sumar beneficiarios, sobre todo jóvenes estudiantes. Por su parte, Juan José Saavedra habría intervenido desde su trabajo en la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo.
El expediente también recuerda cómo se destapó todo en diciembre de 2017. Ese día, Romeo Saavedra fue sorprendido por policías mientras hacía varias extracciones en un cajero del Banco Hipotecario. Un cliente advirtió movimientos raros y avisó a los efectivos, que lo interceptaron en el lugar. Cuando lo revisaron, llevaba consigo decenas de tarjetas y una suma importante de efectivo. Después, los investigadores detectaron que varias tarjetas se usaban con la misma clave, un dato que reforzó la sospecha de una operatoria armada para quedarse con fondos estatales. El caso tuvo enorme impacto político y judicial en la provincia por la participación de un dirigente vinculado al PJ y de un empleado nacional dentro de la trama.
