La trama del dólar blue destapó un circuito oscuro para destrabar importaciones

La Justicia movió una pieza pesada este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las ramas más sensibles de la causa por el "rulo" financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio y allegado a Elías Piccirillo, dejaron al descubierto un presunto sistema paralelo para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante 2022 y 2023. Según el expediente, se cobraban retornos de entre el 10% y el 15% del valor de la importación, con cálculos atados al dólar oficial o al blue, según el arreglo.

Entre los nombres que aparecen en la investigación figura Ariel Germán Saponara, abogado con pasado en el Gobierno de la Ciudad y que, de acuerdo con registros, hoy integraría personal de la Presidencia de la Nación. En los chats, Saponara le preguntaba a Migueles si tenía contactos para "liberar" declaraciones de importación de autoelevadores y repuestos. En uno de los audios, Migueles fue directo: "A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13". La frase expone el margen que se quedaban los intermediarios, por encima de lo que después debía "rendirse" adentro.

El mecanismo, siempre según la causa, permitía que las empresas consiguieran la aprobación en apenas una semana o diez días, cuando los tiempos normales del sistema, en plena escasez de reservas, podían estirarse a 90 o incluso 120 días. Otro de los apuntados es Héctor Ezequiel "Pipo" Caputto, señalado como el encargado de canalizar pedidos hacia quienes tenían poder de influir en la firma final. En un mensaje de voz, Caputto fue claro sobre el costo para mover expedientes: "Es el 15% oficial el costo... es lo que tenemos que rendir adentro". También explicó cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para después transformar la ganancia neta en dólares billete.

La ruta del dinero también quedó bajo la lupa en un caso testigo vinculado a Neme S.A.. Allí, Migueles dio instrucciones precisas para que la coima fuera entregada en una oficina sobre Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de Ciudad de Buenos Aires. Antes de que se levantara el secreto, el juez Ariel Lijo ordenó allanamientos que alcanzaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo "Gonzalote" Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro "El Turco" Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa, mientras el fiscal Franco Picardi sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas como "Pato" y "La Señora".

La pesquisa sigue creciendo y promete dejar más nombres al descubierto. Esa última figura aparecería como una pieza clave, con presuntas funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, y con poder real para dar el visto bueno final a las importaciones. Los peritajes tecnológicos continúan aportando datos sobre firmas importadoras de peso que habrían aceptado pagar estos "peajes" para seguir operando en plena presión cambiaria. La causa, lejos de enfriarse, parece tener todavía bastante hilo para cortar.