Global Market no frena la tormenta: crecen las acusaciones y la causa se agranda

El escándalo financiero que sacude a Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. no afloja y, por el contrario, sigue ganando volumen en San Juan. Ya se acumulan nuevas denuncias por una presunta maniobra millonaria que podría trepar por encima de los 2.800 millones de pesos. Mientras la Justicia provincial analiza cada papel, también empezó a circular el mensaje que Gustavo Omar Ahumada, dueño de ambas firmas, les envió a los inversores para explicar la crisis. En ese escrito admite que hoy no puede cumplir con los compromisos asumidos y apunta, como parte del problema, a la paralización de una explotación minera ligada a la empresa.

Las presentaciones fueron radicadas por más de una decena de inversores ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde trabajan el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli. Además de Ahumada, las denuncias también alcanzan a los contadores Pamela Domínguez y Guillermo Soria, aunque este último sostiene, por medio de su defensa, que hace años ya no tiene vínculo laboral con las empresas señaladas. En Tribunales, por ahora, están revisando la documentación y midiendo el alcance real de las acusaciones para ver si hay elementos suficientes para abrir formalmente una causa penal.

En paralelo, dentro del ámbito judicial ya se mira otra puerta: la posibilidad de que el expediente pase al fuero federal si interviene la Comisión Nacional de Valores. Ese organismo tiene a su cargo el control de las entidades financieras y bursátiles del país, y su participación podría cambiar el rumbo de la investigación. Mientras tanto, trascendió que podrían sumarse al menos otras siete denuncias de personas y empresas que aseguran haber perdido fuertes sumas de dinero tras invertir en las firmas cuestionadas.

Según los relatos de los damnificados, Global Market Valores operaba desde hace unos 20 años en una oficina sobre calle Mendoza, en Capital, y contaba con habilitación para moverse en el mercado bursátil. Ese dato, claro, generaba confianza entre quienes decidían poner allí sus ahorros. Los clientes afirman que entregaron fondos para colocaciones supuestamente seguras, orientadas a bonos e inversiones de bajo riesgo. Pero después aseguran que se enteraron de que el dinero habría sido derivado, a través de GMI Inversiones, hacia operaciones más riesgosas, incluso vinculadas al sector minero, sin que se les avisara ese cambio de rumbo.

Las denuncias describen un golpe económico durísimo. Entre los casos más pesados aparece el de una empresa que reclama cerca de 2.200 millones de pesos, además de familias y particulares que dicen haber perdido montos que van desde los 10 hasta los 100 millones de pesos. En su comunicado, Ahumada habla de una "difícil situación financiera" y asegura que la compañía quedó trabada por la suspensión de una actividad minera dispuesta el 27 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Minería. También afirma que el 21 de abril pasado se aprobó el informe de impacto ambiental, lo que abriría la puerta a tareas de remediación y a una futura reactivación.

El empresario además informó que la firma tiene prevista una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 20 de mayo, con el objetivo de tratar un aumento de capital y avanzar con el ingreso de un supuesto "inversor estratégico". Según el mensaje, ese actor no solo pondría dinero, sino que también evaluaría otorgar un préstamo para ordenar las cuentas. Ahumada sostuvo que siguen las negociaciones para definir las condiciones y remarcó que la intención es llegar a un esquema de cancelación de deudas "que resulte conveniente para todas las partes". Además, confirmó el cierre temporal de las oficinas de calle Mendoza y explicó que la empresa trabaja de manera remota, bajo modalidad home office, mientras siguen las conversaciones con clientes, proveedores y mercados financieros.