Movimientos sociales preparan una gran jornada de protesta por Volver al Trabajo

En un clima social cada vez más caliente por los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei, distintas organizaciones sociales saldrán a la calle el próximo 7 de mayo con una Jornada de Asambleas Nacionales. El reclamo central es claro: que vuelva el programa Volver al Trabajo y que se actualice el salario social complementario. Cuando fue dado de baja, ese ingreso estaba en 78 mil pesos, una cifra que quedó muy lejos de cubrir lo básico.

Bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud", los movimientos nucleados en la UTEP, el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y la CTA convocaron a asambleas desde las 10 en accesos, plazas y rutas de todo el país. Según plantearon, en los barrios populares la situación está cada vez más dura: faltan alimentos, no abundan las changas y las aplicaciones de reparto están saturadas. A eso, dicen, se suma el avance del crimen organizado y un deterioro que no da respiro.

El referente Gramajo describió un escenario crítico para la economía popular. Dijo que muchos sectores que antes tenían algo de estabilidad, como las textiles, quedaron golpeados por la apertura de importaciones. También advirtió sobre la caída brutal del valor del cartón, que pasó de 300 pesos por kilo hace dos años a apenas 40 pesos en la actualidad, por la compra de basura en el exterior. Con ese panorama, sostuvo que hace falta sostener la unidad con sectores sociales, gremiales, universitarios y empresariales para frenar lo que definió como un modelo de hambre y miseria.

Las organizaciones anticiparon a este medio que los puntos más fuertes de la protesta estarán en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en la autopista La Plata-Buenos Aires y en los accesos a la empresa Fate, en la zona norte del conurbano bonaerense. La pulseada no es nueva: en abril, una medida cautelar del Juzgado Federal de Campana obligó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa hasta que haya sentencia definitiva. Esa resolución permitió que más de 950 mil trabajadoras y trabajadores sigan cobrando el salario social complementario mientras sigue abierta la discusión judicial.

El fallo fue firmado por el juez federal Adrián González Charvay, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular. En ese planteo, cuestionaron que el Gobierno diera de baja el programa sin ofrecer una alternativa equivalente. Ahora, con la calle otra vez como escenario principal, la presión vuelve a subir y el conflicto promete seguir dando que hablar.