Lanzan un plan para blanquear empleados y ordenar deudas viejas

En medio de una economía que viene a los tumbos y con la informalidad laboral pegando fuerte, empieza a tomar vuelo un tramo poco difundido de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802: el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Mientras la discusión pública se concentra en el RIFL, pensado para nuevas contrataciones, este esquema va por otro camino y apunta a ordenar lo que ya existe. La idea oficial es clara: bajar la cantidad de juicios, ampliar la recaudación y darle un respiro a las empresas que arrastran deudas difíciles de sostener.

El mecanismo les permite a los empleadores privados declarar y formalizar relaciones laborales que arrancaron antes de la promulgación de la ley. En ese paquete entran tanto los trabajadores que nunca fueron registrados como aquellos que figuran a medias, con menos horas o menos sueldo del real. En criollo, el PER busca tender un puente entre la economía en negro y el sistema formal, pero sin jugar solo a las sanciones. La apuesta es ofrecer incentivos concretos para que el paso al blanco no sea una misión imposible.

Uno de los puntos más pesados del régimen es la deuda previsional. La norma prevé una condonación que no podrá ser menor al 70% de lo adeudado por aportes y contribuciones, incluyendo capital e intereses. Ese alivio alcanza al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y al régimen de asignaciones familiares. Para el resto, que no podrá superar el 30%, se habilitan planes de hasta 72 cuotas, con una tasa nominal anual máxima del 12% y un anticipo inicial de apenas el 5%. Además, si la deuda se cancela al contado, se contempla un descuento de hasta el 10%.

En el plano legal, el PER también mete mano fuerte. La adhesión hace caer la acción penal prevista en el Régimen Penal Tributario por falta de registración laboral y borra multas, infracciones y sanciones administrativas que sigan impagas. A eso se suma la salida del REPSAL, el registro que complica a las empresas para conseguir financiamiento, beneficios estatales o contratos con el Estado. También podrán incluirse deudas que estén en discusión judicial o administrativa, aunque en ese caso el empleador deberá desistir de las acciones en curso y hacerse cargo de las costas.

Para los trabajadores, el impacto no es menor. El régimen permite reconocer hasta 60 meses de servicios con aportes, es decir, cinco años, para quienes sean regularizados. Ese cálculo se hará sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil o sobre la remuneración declarada, si fuera mayor. Esos períodos podrán servir para la jubilación, pensiones por invalidez o fallecimiento y también para prestaciones por desempleo. Aunque no todo ese tiempo impactará en cada componente del haber previsional, recuperar años que estaban perdidos ya representa una diferencia importante para muchos laburantes.

Otro punto clave es la seguridad jurídica. Los organismos fiscales no podrán hacer determinaciones de deuda, ajustes ni sanciones sobre los períodos que entren en el régimen, algo pensado para que el blanqueo no termine convertido en una trampa futura. La implementación quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá reglamentar el sistema sin meter trabas arbitrarias. Y ojo con el reloj: las empresas tendrán 180 días corridos desde la vigencia de la reglamentación para adherirse. En un mercado laboral tan golpeado, el tiempo corre y la oportunidad no va a durar para siempre.