Nuevo plan oficial promete borrar deudas laborales y sacar multas del medio

En medio de la discusión por la reforma laboral, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado empieza a tomar fuerza como una de las cartas más pesadas de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. La idea oficial es clara: poner orden sobre lo que ya existe, en lugar de mirar solo las nuevas contrataciones. En criollo, se busca sacar de la sombra a miles de relaciones laborales que hoy están mal registradas o directamente fuera del sistema. Con eso, el Gobierno apunta a bajar la litigiosidad, sumar aportes y darle aire a empresas que vienen arrastrando deudas difíciles de sostener.

El esquema habilita a los empleadores privados a declarar vínculos laborales que arrancaron antes de la promulgación de la ley. Eso incluye tanto a trabajadores no registrados como a quienes figuran de manera parcial, con menos horas o salarios menores a los reales. La medida parte de una realidad que ya nadie puede negar: la informalidad está metida hasta el tuétano en la economía argentina. Por eso, la apuesta no pasa solo por castigar, sino por ofrecer una salida concreta para que ese empleo pase a estar en blanco.

Uno de los puntos más fuertes está en las deudas previsionales. La norma prevé una condonación de, como mínimo, 70% del total adeudado por aportes y contribuciones, con capital e intereses incluidos. El beneficio alcanza a distintos subsistemas de la seguridad social, entre ellos el régimen de asignaciones familiares. Para el saldo restante, que no podrá superar el 30%, se habilitan planes de hasta 72 cuotas, con una tasa nominal anual máxima del 12% y un anticipo inicial de apenas 5%. Además, quien pueda cancelar al contado podrá acceder a descuentos de hasta el 10% sobre la deuda consolidada.

El alivio no queda solo en lo financiero. La adhesión al régimen también borra la acción penal prevista en el Régimen Penal Tributario por falta de registración laboral y elimina multas, infracciones y sanciones administrativas que sigan impagas al momento de entrar. A eso se suma la posibilidad de salir del REPSAL, el registro que complica fuerte a las empresas porque les cierra puertas para conseguir financiamiento, beneficios del Estado o contratos con el sector público. Incluso se podrán incluir deudas que estén en discusión judicial o administrativa, aunque en ese caso el empleador deberá desistir de los reclamos y hacerse cargo de las costas.

Para los trabajadores también hay una novedad importante. El régimen permite reconocer hasta 60 meses de aportes, es decir, cinco años de servicios regularizados. Ese cálculo se hará sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil o sobre la remuneración declarada, si fuera más alta. Ese tiempo contará para jubilarse, pedir una pensión por invalidez o fallecimiento y también para acceder a la prestación por desempleo. No resuelve todo, pero para muchos puede significar recuperar años que parecían perdidos fuera del sistema.

El programa también trae una garantía pensada para darle confianza al sector privado: los organismos fiscales no podrán volver sobre los períodos regularizados para hacer determinaciones de deuda, ajustes ni sanciones. La implementación quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá reglamentar el régimen sin meter trabas arbitrarias. Y hay un detalle clave: las empresas tendrán solo 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación para adherirse. En un mercado laboral golpeado y con mucha incertidumbre, la ventana es corta y la jugada, grande.