La Casa Rosada mueve fichas para recortar Comodoro Py y reordenar tribunales
El oficialismo estudia dejar vacantes sin cubrir y achicar juzgados y camaristas. La jugada, dicen en los pasillos, no sería solo por eficiencia sino por el peso real dentro del Poder Judicial.
El gobierno de Javier Milei avanza con una movida silenciosa para volver a dibujar el mapa de la Justicia federal. La idea que circula en la Casa Rosada es reducir de 12 a 8 los juzgados de Comodoro Py, simplemente dejando sin cubrir las cuatro vacantes que hoy existen. En los tribunales ya miran el plan con atención, porque no se trataría de un retoque menor. Detrás del argumento de la eficiencia aparece, para muchos, una discusión mucho más pesada: quién manda y cómo se reparte el poder en los despachos más sensibles del país.
La misma lógica alcanzaría a la Cámara Federal de Casación Penal, donde el oficialismo analiza frenar los concursos en curso y bajar el número de integrantes de 13 a 9. Según datos de la Corte Suprema, la Cámara Federal recibe 1602 causas por año, lo que equivale a unas 70 por mes en cada sala. En primera instancia, los juzgados manejan cerca de un centenar de expedientes activos, aunque con diferencias marcadas en la cantidad de personal de cada despacho. Por eso, la discusión no pasa solo por números fríos, sino por el impacto concreto en el funcionamiento diario de los tribunales.
El esquema actual viene de lejos, de los años noventa, cuando durante el gobierno de Carlos Menem se duplicó la cantidad de juzgados federales. Aquella expansión buscó repartir y debilitar el peso de los jueces originales, y de ahí nació la famosa referencia a "los jueces de la servilleta", una expresión que surgió tras una denuncia de Domingo Cavallo sobre cómo se habrían definido algunos nombramientos. Hoy, con ocho jueces en funciones —entre ellos María Servini, Ariel Lijo, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas—, el Gobierno evalúa sostener la estructura actual sin cubrir vacantes, algo que obligaría a tocar la ley orgánica de la Justicia Federal.
En paralelo, también se mueven piezas en la Cámara Federal. La intención es empujar el pliego de Pablo Yadarola, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. A eso se suma una nueva vacante que podría abrirse con la salida de Martín Irurzun al cumplir 75 años, lo que daría más margen para reacomodar el tribunal. Entre negociaciones en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo busca avanzar sin demasiado ruido, pero con un efecto directo y profundo sobre la estructura del Poder Judicial.
