Se frenó el cierre de la causa por los DNI falsos: piden una reparación económica

La investigación por los DNI truchos volvió a trabarse en los tribunales y dejó en suspenso los acuerdos que estaban a un paso de cerrarse. Esta vez, el punto que hizo ruido fue la exigencia de una reparación económica para las víctimas, algo que cambió por completo el escenario. El fiscal federal Fernando Alcaraz sostuvo que no podía avanzarse sin contemplar a los damnificados, que fueron usados para sacar créditos y hacer compras fraudulentas.

Según la acusación, esas maniobras dejaron deudas que trepan a los 156 millones de pesos, una cifra que sacude por donde se la mire. Pero las defensas de los imputados rechazaron ese planteo y el entendimiento quedó en el aire. Ante ese cortocircuito, el juez de revisión Juan Ignacio Pérez Curci resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 7 de mayo, con la esperanza de que las partes afinen el lápiz y lleguen a un punto medio.

Hasta antes de esta nueva traba, varios acusados ya habían admitido su responsabilidad y aceptado penas. Entre ellos figura Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, quien había acordado una condena de 4 años y 8 meses de prisión. También Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba habían pactado 3 años y 10 meses de prisión domiciliaria, mientras que Marcos Vallejo aceptó una pena de 3 años en suspenso.

La causa describe una presunta organización armada para falsificar documentos y cometer estafas con una logística aceitada. En ese esquema, la fiscalía señala como supuesto jefe a Rolando "Narigón" Navarro Saide, para quien pidió 8 años de prisión. Para su hijo, Rodrigo Navarro Pozo, solicitó 6 años. De acuerdo con la investigación, Castillo cumplía un rol clave como enlace dentro del Registro Civil, mientras otros se ocupaban de mover la operatoria, ejecutar las maniobras y aportar datos biométricos. Ahora todo queda atado a la próxima audiencia: si no aparece un acuerdo con reparación incluida, el caso puede ir derecho a juicio oral.