La pulseada por la reforma laboral seguirá en la Justicia Contencioso Administrativa

La ofensiva judicial de la CGT para frenar la reforma laboral volvió a tropezar este martes. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa contra el Estado Nacional siga en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. El fallo, al que accedió Infobae, marcó otro punto a favor del Gobierno de Javier Milei en una disputa que viene cargada de tensión.

La decisión fue firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, de la Sala IV, y confirmó la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 12. Ese tribunal ya había aceptado la inhibitoria planteada por el Estado, y ahora deberá seguir con la discusión de fondo sobre la validez de la norma cuestionada por la central obrera. Del otro lado, la representación oficial estuvo en manos de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

El conflicto se abrió cuando el Gobierno pidió que el expediente dejara de tramitar en el fuero laboral y pasara al contencioso administrativo federal. Primero hubo una aceptación de ese planteo por parte de la jueza federal interviniente, pero después el magistrado laboral rechazó ese camino. La Cámara respaldó la postura oficial y remarcó que no se trata de una simple cuestión laboral, sino de un caso que también toca temas federales sensibles, como la potestad del Congreso para fijar competencias judiciales y la organización de los tribunales.

En uno de los tramos más duros del pronunciamiento, los camaristas cuestionaron el trámite seguido por el juez laboral. Dijeron que no podía apartarse del procedimiento legal previsto para este tipo de conflictos ni enviar por su cuenta las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo. Para el tribunal, ese desvío configuró un "procedimiento deformado" que generó una disputa innecesaria y fue en contra de la celeridad que exige un expediente de semejante peso institucional.

La resolución también reforzó uno de los argumentos centrales del Gobierno: las leyes que modifican jurisdicción y competencia judicial son de orden público y se aplican de manera inmediata, incluso en causas ya iniciadas, siempre que no se toquen actos procesales ya cumplidos. Ese punto era clave porque uno de los planteos sindicales sostenía que los cambios introducidos por la ley 27.802 no podían regir automáticamente. La Cámara rechazó esa lectura y recordó que no existe un derecho adquirido a ser juzgado por un procedimiento determinado.

Para la Casa Rosada, el fallo achica el margen para que la discusión avance en un terreno más favorable para los sindicatos y la concentra en la justicia que suele tramitar causas contra el Estado. Para la CGT, en cambio, se trata de otro paso en falso dentro de una estrategia que, por ahora, no logra torcer el rumbo. El expediente volverá al Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.º 12, donde seguirá una pelea judicial que todavía está abierta, pero que hasta acá viene sumando resoluciones favorables al oficialismo.