Fallo judicial inédito en un duro caso de explotación: condena efectiva y reparación millonaria para la víctima

La Justicia federal de San Juan dictó un fallo que sacude por lo que cuenta y por lo que deja como precedente. Este viernes, el juez Daniel Doffo condenó a 10 años de prisión efectiva a C.A.C. (45), C.I.C. (46) y C.F.G.C. (23), tres integrantes de una familia gitana oriunda de Santa Fe, por el delito de trata de personas. La mujer cumplirá la pena bajo la modalidad domiciliaria por el cuidado de sus hijos menores. El caso expuso una historia estremecedora de sometimiento, abuso y explotación que tuvo como víctima a una adolescente de apenas 13 años.

La investigación reconstruyó que todo empezó en Neuquén, en 2022, cuando la menor fue entregada en matrimonio bajo el rito gitano a un joven de 20 años. Según la causa, la familia recibió 825.000 pesos como parte de esa maniobra, que la fiscalía interpretó como un mecanismo de captación con fines de explotación. Después de ese vínculo forzado, la chica fue trasladada a Santa Fe, donde quedó atrapada en una rutina de trabajo sin pago, violencia física y abuso sexual. La situación fue tan grave que quedó embarazada y luego sufrió un aborto espontáneo.

El derrotero siguió en San Juan. En diciembre de 2024, el matrimonio viajó a la provincia y dejó al hijo junto a la adolescente —que ya tenía un bebé— en el Barrio La Capilla, en Capital, con la familia de la joven. Pero la pesadilla no terminó ahí. El 5 de abril de 2025, los condenados volvieron con la intención de llevársela otra vez. La obligaron a subir a una camioneta, pero en una estación de servicio de Caucete la víctima logró escapar con su hijo en brazos. Un llamado al 911 activó el operativo y el vehículo fue interceptado sobre la Ruta 141, a la altura de Caputo, donde finalmente rescataron a la joven.

Más allá de las penas, el fallo dejó una novedad fuerte: la orden de pagar 70 millones de pesos en concepto de indemnización por los trabajos realizados en condiciones de servidumbre y sin remuneración. El pedido fue impulsado por la fiscalía, con Fernando Alcaraz, Virginia Rodríguez y la representante de PROTEX, Alejandra Mángano, y se calculó en base a las ganancias ilícitas obtenidas y al recupero de activos. Es la primera vez que, bajo el Sistema Acusatorio en San Juan y en un caso de trata, se fija una reparación económica para la víctima.