Mujer encadenada en una obra social: la familia salió a contar su versión

El miércoles por la tarde, la sede de OSTES en Capital quedó en el centro de una escena que sacudió a todos. Una mujer decidió encadenarse en el baño del edificio y eso disparó un operativo importante, con presencia de fuerzas de seguridad y personal de emergencias. La situación generó tensión, corridas y una postal que nadie esperaba ver en pleno centro.

Ahora, la familia de P.C. dio su versión y apuntó a demoras en la atención, trabas para acceder a estudios y diferencias por reintegros de dinero. Según contaron, el conflicto venía arrastrándose desde hace tiempo y el reclamo estaba ligado a la necesidad de una nueva intervención o diagnóstico médico. También sostuvieron que hubo malestar por la forma en que habría actuado la Policía durante el procedimiento.

De acuerdo con ese relato, los problemas de salud de la mujer se remontan a 2011, cuando habría sido sometida a una endoscopía que terminó en una cirugía y la colocación de una malla. Durante un tiempo, dijeron, la situación estuvo controlada, pero en 2024 aparecieron dolores abdominales intensos que la llevaron otra vez a consultas e internaciones. Incluso señalaron que pasó 15 días internada en el Hospital Rawson sin un diagnóstico definitivo.

La familia explicó que uno de los estudios pedidos era una endoscopía y que ahí empezó otro tironeo con la obra social, por costos y por la modalidad de realización. A partir de eso, afirmaron que hicieron presentaciones ante la Superintendencia de Salud y distintas gestiones para lograr la cobertura de las prácticas. Más adelante, en agosto de 2024, la mujer fue operada y, según indicaron, la intervención salió bien.

Sin embargo, los síntomas habrían vuelto en septiembre de 2025, con nuevas consultas, estudios y la indicación de Tramadol, que con el tiempo dejó de hacer efecto. En febrero de este año, se realizó una endoscopía y otros análisis, pero, siempre según su entorno, no hubo resultados concluyentes. Por eso pidieron derivaciones a centros de mayor complejidad, algo que no habría sido autorizado por la obra social.

Otro punto que expusieron fue el tema económico. Aseguraron que pagaron honorarios y gastos administrativos vinculados a estudios médicos y que el reintegro prometido llegó solo en parte y con demoras. Con ese panorama, la mujer fue el miércoles a la sede para pedir atención y saber dónde seguir su tratamiento, mientras otro familiar consultó por la deuda pendiente. Según relataron, primero les dijeron que serían atendidos, pero después les habrían indicado que canalizaran todo por la sede de Mendoza.

La espera se estiró durante horas y, cerca del cierre, les habrían pedido que se retiraran. Ahí fue cuando la mujer decidió encerrarse en un baño y encadenarse, lo que terminó de encender el operativo. Intervinieron un fiscal, personal policial y equipos de emergencia. La familia sostuvo que el fiscal, que sería Adrián Riveros de la UFI Genérica, habló algunos minutos con ella y que se manejó la posibilidad de conseguir un especialista en gastroenterología.

Después, siempre según el testimonio del entorno, ingresaron efectivos policiales, le sacaron las cadenas y la trasladaron en ambulancia. También afirmaron que fue esposada y subida a una camilla, algo que describieron con mucha bronca. Al principio, dijeron, les avisaron que sería llevada al Hospital Marcial Quiroga para un control y que luego podría regresar, pero al llegar al centro de salud la mujer habría manifestado que todo fue distinto a lo que le habían anticipado.

La paciente permaneció en el hospital hasta cerca de las 23, donde fue atendida por profesionales, según contaron. También mencionaron que se evaluó una posible consulta psiquiátrica, aunque no había especialistas disponibles en ese momento. Finalmente, la familia aseguró que se retiró de manera voluntaria y que al día siguiente hizo consultas con profesionales de salud mental. Hasta ahora, dijeron, no recibieron información oficial posterior sobre medidas judiciales o médicas vinculadas al caso.