Frenan en Santa Cruz la reforma de la Ley de Glaciares
La Justicia Federal de Río Gallegos suspendió la aplicación de la reforma de la Ley 26.639 en Santa Cruz y frenó cualquier autorización de actividades en zonas glaciares y periglaciares.
Un fallo de alto impacto volvió a meter tensión entre la agenda ambiental y la productiva en la Argentina. Apenas horas después de que la adecuación de la Ley de Glaciares entrara en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia Federal de Río Gallegos decidió ponerle un freno en Santa Cruz.
La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, que hizo lugar a un amparo ambiental y resolvió una cautelar con efecto inmediato. En concreto, ordenó la "suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia de Santa Cruz", hasta que haya una sentencia definitiva sobre el fondo del planteo.
Además, el magistrado dispuso que el Estado Nacional se abstenga de "autorizar y/o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial". Dicho en criollo: queda congelado cualquier avance administrativo o productivo que pueda quedar alcanzado por la normativa cuestionada.
El amparo fue presentado como una demanda colectiva impulsada por el Concejo Deliberante de El Calafate, representado por su presidenta Celia Barría; la Municipalidad de El Calafate, con Javier Belloni al frente; el diputado provincial Carlos Alegría; y la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni. Todos contaron con el patrocinio de los abogados Juan Manuel Solari y Martín Fernández Swirkowicz.
En su presentación, los dirigentes peronistas pidieron que se declare la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad y la nulidad absoluta de la reforma de la Ley N° 26.639, aprobada por el Congreso. Mientras se define esa discusión de fondo, reclamaron una medida cautelar de no innovar para suspender sus efectos hasta el dictado de la sentencia definitiva.