Casación ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
La Sala IV, integrada por Hornos, Borinsky y Barroetaveña, rechazó los planteos presentados por la expresidenta y el empresario Lázaro Báez. Resolvieron ejecutar 111 inmuebles para cubrir un fraude al Estado de $685.000 millones.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, y ordenó avanzar con la ejecución de 111 bienes inmuebles para resarcir al Estado nacional por el perjuicio causado en la causa Vialidad.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, además de más de 80 inmuebles del empresario y sus empresas. Según quedó asentado en el fallo firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del decomiso confirmado corresponden 84 inmuebles a Lázaro Báez, uno a Cristina Kirchner, dos a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L. y 19 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Las defensas de los condenados cuestionaron la decisión. Los abogados de la expresidenta y sus hijos sostuvieron que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia habían sido heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron comprados antes del período investigado. También apelaron a la buena fe de los adquirentes y remarcaron que, según su postura, no existe un nexo directo con el origen ilícito de los fondos.
Del lado de Báez y otros condenados, el planteo fue similar: dijeron que faltaba fundamentación suficiente para vincular los bienes con los beneficios del delito. Pero Casación les cerró la puerta a todos esos argumentos. El tribunal entendió que los parámetros usados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los inmuebles fueron correctos y que pedir una reconstrucción contable perfecta de cada movimiento de dinero sería irrazonable en una maniobra de criminalidad económica organizada y de larga duración.
Los jueces explicaron que, por la fungibilidad del dinero y su posible mezcla con activos lícitos, alcanza con acreditar una "coincidencia temporal y una vinculación económica razonable" entre el crecimiento patrimonial y la maniobra delictiva. "Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso", sostuvo la sentencia.
En minoría, Borinsky marcó una diferencia parcial. Si bien avaló los criterios generales, consideró que la resolución del TOF tenía defectos de fundamentación al aplicarlos sobre algunos inmuebles concretos, sobre todo los heredados por los hijos de la exmandataria. Por eso, propuso anular el decomiso respecto de esos 19 bienes y ordenar un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, la mayoría no acompañó ese criterio y remarcó que "los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados".
Ahora, todos los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia para su administración y eventual venta. La causa Vialidad investigó un esquema de corrupción con contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. En esa sentencia, Cristina Kirchner recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La expresidenta cumple esa pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.