El Senado apura un acuerdo millonario para cerrar un frente con fondos buitre

El próximo miércoles, mientras Manuel Adorni exponga en Diputados, el oficialismo en el Senado irá por un paso decisivo: conseguir dictamen del proyecto que aprueba los Acuerdos de Conciliación con dos holdouts que quedaron afuera de arreglos anteriores con la Argentina. La movida se dará desde las 11.30 en el Salón Azul, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión Nacional, que primero deberá constituirse. Aunque no habrá margen para que el tema llegue a ser tratado por ambas cámaras antes del plazo, el Gobierno busca mostrar que avanza y no deja caer la negociación.

La iniciativa fue enviada el 20 de abril, pese a que en los fundamentos se aclaró que los acuerdos tienen como fecha límite de cierre, la llamada Outside Date, el 30 de abril de 2026. El texto oficial advierte que, si no hay aprobación parlamentaria después de ese día, las operaciones se caen de manera automática y el país podría volver a quedar metido en litigios mucho más pesados. En criollo: la Casa Rosada quiere evitar otro capítulo incómodo en tribunales y, al mismo tiempo, ganar aire en una negociación que viene de arrastre.

El monto total en juego asciende a 171 millones de dólares y alcanza a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que iniciaron sus reclamos en 2001, pero no se sumaron al entendimiento que en 2016 firmó el gobierno de Mauricio Macri con la mayoría de los fondos buitre. Según el Poder Ejecutivo, el acuerdo contempla pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al otro grupo, en forma simultánea a la entrega de bonos libres de gravámenes para su cancelación inmediata.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la falta de aprobación en término obligaría a retomar los juicios bajo condiciones financieras mucho más duras. También remarcó que con estos arreglos se terminarían los pedidos de embargo sobre activos argentinos y que se lograría una quita superior al 30% sobre las sumas pendientes. Además, aseguró que el país evitaría intereses punitorios pesados bajo la ley de Nueva York y cerraría pasivos litigiosos por un valor bastante menor al que podría surgir de una ejecución judicial. La estrategia quedó respaldada, además, por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que autoriza al Ministerio de Economía a seguir con la normalización de la deuda pública vinculada a estos fallos internacionales.