El Gobierno promulgó cambios en la ley de glaciares y reordena la protección ambiental
La reforma le da más peso a las provincias y habilita evaluaciones caso por caso para actividades en zonas periglaciares.
El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la ley 27.804, que mete mano en el régimen de protección de glaciares que estaba vigente desde 2010. La medida quedó firme a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, y marca un nuevo esquema para la gestión de estos recursos en la Argentina.
La norma mantiene como eje la preservación de los glaciares como "reservas estratégicas de recursos hídricos", pero ajusta su interpretación a principios de la Constitución Nacional, como el derecho a un ambiente sano y la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales. Con ese criterio, el federalismo gana peso en la toma de decisiones ambientales.
Uno de los cambios más importantes está en la definición de las áreas protegidas. Desde ahora, la protección estricta quedará limitada a los glaciares y a aquellas geoformas periglaciares que tengan una función hídrica comprobada. En los hechos, eso abre la puerta a habilitar actividades productivas en zonas que antes estaban alcanzadas por restricciones más amplias.
En esa línea, las provincias pasan a tener un rol central. Serán las encargadas de definir, con estudios técnicos, qué áreas deben resguardarse y cuáles pueden destinarse a actividades económicas. La modificación responde, en parte, a planteos de distritos con fuerte desarrollo minero.
Otro punto clave es que se deja atrás el esquema de prohibiciones generales. En su lugar, se implementa un sistema de evaluaciones de impacto ambiental específicas para cada proyecto, que deberán ser aprobadas por las autoridades competentes en cada jurisdicción. Además, cualquier actividad deberá contar con una evaluación previa y, cuando corresponda, con evaluaciones estratégicas y participación ciudadana, según la normativa vigente.
En cuanto al inventario de glaciares, seguirá bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, aunque con funciones más acotadas. El organismo aportará información técnica, pero sin poder de decisión sobre las definiciones provinciales. A la vez, la ley incorpora el principio precautorio: todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta que estudios científicos indiquen lo contrario.
La reforma había sido aprobada el pasado 9 de abril en el Congreso de la Nación Argentina, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión atravesada por tensiones y protestas en las inmediaciones del Parlamento. Desde el Poder Ejecutivo defendieron los cambios al sostener que permitirán "ordenar el marco normativo" y achicar interpretaciones discrecionales. También remarcaron que la nueva legislación busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo, precisando "con criterios científicos qué debe protegerse" y habilitando actividades en áreas que no forman parte del núcleo de resguardo.
