Ley Lucio en espera: piden que expliquen por qué siguen sin capacitaciones en San Juan

La diputada provincial Fernanda Paredes llevó a la Legislatura de San Juan un pedido de informes para conocer en qué estado está la aplicación de la llamada Ley Lucio, la norma que obliga a capacitar en derechos de la infancia a agentes de los tres poderes del Estado. La iniciativa ya tomó estado parlamentario y busca respuestas concretas sobre un programa que, por ahora, sigue sin mostrar avances visibles en la provincia.

San Juan adhirió a esta ley nacional en 2023, dentro del Plan Federal de Capacitación pensado para prevenir situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Pero, a casi tres años de aquella decisión, no hay información pública sobre su implementación, ni sobre el diseño de contenidos o el arranque de las formaciones, algo que encendió la preocupación en el recinto.

"El objetivo es claro: formar a quienes trabajan en el Estado en materia de derechos, garantías y protección de las infancias", explicó la legisladora, que remarcó la necesidad de pasar de los anuncios a los hechos. Según señaló, la capacitación debería alcanzar áreas sensibles como salud, educación, fuerzas de seguridad y también al propio Poder Legislativo.

Paredes además subrayó que los propios diputados también deberían atravesar estas instancias formativas, porque muchas decisiones que se toman en la Cámara pueden impactar de manera directa o indirecta en los derechos de niños y adolescentes. La propuesta cuenta con respaldo dentro de su bloque y también fue conversada con legisladores de la oposición, en busca de consenso para que la norma finalmente se aplique como corresponde.

Como antecedente, la diputada recordó la puesta en marcha de la Ley Micaela, que estableció capacitaciones obligatorias en género y con el tiempo se volvió un requisito para el ingreso a cargos públicos. En ese marco, Paredes advirtió sobre la urgencia de activar la Ley Lucio, sobre todo ante casos recientes de violencia infantil que sacudieron al país. "No podemos seguir esperando nuevos hechos para actuar. La herramienta ya existe, lo que falta es aplicarla", sostuvo.

Ahora, el pedido de informes apunta a que el Ejecutivo provincial detalle qué acciones se hicieron hasta el momento y cuáles son los plazos previstos para garantizar que la ley se cumpla de verdad, sin más vueltas ni promesas en el aire.