La Rioja pidió ver el estudio ambiental de Vicuña
Desde el gobierno riojano advierten por posibles efectos en su territorio y cuestionan a la empresa por incumplimientos.
El conflicto por el proyecto minero Vicuña sumó un capítulo caliente entre San Juan y La Rioja. En las últimas horas, el gobierno riojano reclamó acceso al estudio de impacto ambiental completo y, al mismo tiempo, una resolución judicial ordenó frenar de manera temporal por 30 días, el tránsito vehicular minero, por Guandacol en el lado riojano.
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó que el planteo viene de una larga ronda de diálogo con la empresa. "La síntesis del planteo deviene después de todo un proceso de diálogos que ya lleva aproximadamente seis años", señaló, y recordó que uno de los compromisos asumidos —la construcción de un by-pass en Guandacol para evitar daños urbanos— nunca se concretó.
El funcionario también puso el foco en la falta de información sobre el proyecto. "Advertimos una segmentación de los impactos ambientales, y esto nos niega conocer a ciencia cierta los detalles que el proyecto tiene previsto como impactos negativos para la provincia de La Rioja", sostuvo. Aunque reconoció que el emprendimiento está en territorio sanjuanino, remarcó que su provincia también tiene derecho a ser tenida en cuenta por los efectos que puedan sentirse del otro lado del límite.
El proyecto, que involucra a los yacimientos José María y Filo del Sol, es de una escala enorme. Según Azulay, por su cercanía con el límite interprovincial, no se puede mirar para otro lado. "Es infantil negar que un emprendimiento de estas magnitudes no va a producir impactos en La Rioja", afirmó, al mencionar posibles consecuencias vinculadas a voladuras, tránsito, diques de cola y uso de agua.
En ese marco, La Rioja insiste en acceder al estudio ambiental para analizarlo en detalle. "Tenemos todo el derecho de conocerlo y analizar cómo va a impactar en nuestros ecosistemas", remarcó el secretario.
La falta de respuestas derivó en una presentación judicial que terminó favoreciendo a la provincia vecina. Según explicó Azulay, una jueza resolvió suspender por 30 días el tránsito de vehículos mineros por el lado riojano. "Me llama la atención que la empresa desoiga una manda judicial. Esto tiene nombre en el Código Penal y se llama desobediencia a la autoridad", advirtió.
El funcionario aclaró, además, que el reclamo no está ligado a regalías ni a una discusión por límites. "No queremos que se confunda: este no es un planteo de límites ni de regalías", enfatizó. Aun así, planteó que si se comprueban impactos negativos, deberían contemplarse medidas compensatorias, como la incorporación de mano de obra y proveedores locales.
Por ahora, la empresa ya fue notificada y tiene un plazo de 30 días para presentar el estudio de impacto ambiental requerido. Mientras tanto, desde La Rioja aseguran que el diálogo institucional será clave para destrabar un conflicto que, por ahora, sigue bien abierto.
