San Juan le baja el tono al cruce con La Rioja y marca una línea firme

En medio del ida y vuelta entre San Juan y La Rioja, el fiscal de Estado sanjuanino, Sebastián Dávila, salió a enfriar la discusión y dejó una definición bien concreta: por ahora, el ruido es más mediático que judicial. En diálogo con TELESOL DIARIO, remarcó que la provincia no recibió ninguna presentación formal del gobierno riojano. La polémica creció después de las declaraciones de Ricardo Quintela, que volvió a poner sobre la mesa el tema de los límites interprovinciales e incluso mencionó el área de Ischigualasto.

"Por el momento no ha llevado a que hagamos un análisis muy profundo de la situación, más que lo que ha trascendido en los medios, porque a la Fiscalía no le ha llegado ninguna notificación judicial ni comunicación administrativa formal", explicó Dávila. El funcionario recordó además que no sería la primera vez que desde La Rioja se instala esta discusión sin avanzar por los canales institucionales. "El gobernador ya había hecho algo parecido hacia fin de año pasado y ahora lo ha vuelto a hacer, pero hasta que no haya una presentación concreta, no podemos intervenir", señaló.

El trasfondo de la nueva tensión está atado a una resolución judicial dictada en Chilecito, que ordenó bloquear un camino clave para acceder al proyecto minero Vicuña desde territorio riojano. Sobre ese punto, Dávila fue claro al marcar hasta dónde llega la competencia de cada jurisdicción. Dijo que la jueza provincial puede resolver sobre lo que ocurre dentro de La Rioja, pero advirtió que si la medida pretende impactar en la mina sanjuanina, el asunto ya pasaría a la órbita federal.

"Lo que hace al tema estrictamente del camino, la parte que está del lado de La Rioja, lógicamente la jueza provincial tiene competencia. Pero si hay pretensiones de que eso influya en la mina sanjuanina, ya la competencia pasaría a ser de índole federal", explicó. Por ahora, el fiscal prefirió no anticipar una postura cerrada hasta conocer en detalle la resolución y sus alcances, aunque dejó flotando la idea de que el caso podría escalar a otra instancia judicial.

Uno de los puntos más sensibles del planteo riojano es la discusión sobre los acuerdos limítrofes vigentes desde fines de los años 60, cuestionados por haber sido firmados durante un gobierno de facto. Dávila defendió el marco legal actual y descartó que ese argumento alcance por sí solo para desarmar lo ya establecido. "Ese acuerdo está plasmado en una ley nacional que sigue vigente. No es que haya dejado de estarlo", sostuvo. Y agregó que existen muchas normas dictadas en gobiernos de facto que todavía tienen validez. "Entonces habría que ver qué se plantea concretamente para poder analizarlo", remarcó.

Desde San Juan, la postura oficial fue tajante. El gobernador Marcelo Orrego aseguró que la provincia va a defender sus derechos "con la ley en la mano" y recordó que el límite con La Rioja quedó fijado por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso. También subrayó que los recursos naturales pertenecen a la jurisdicción sanjuanina, tal como establece el artículo 124 de la Constitución Nacional. "Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos", afirmó, y cerró con un mensaje que dejó la puerta abierta a una pulseada más larga: respeto por el diálogo, pero sin ceder en lo que considera respaldado por la ley.