El Gobierno apura un "bloqueo total" de celulares en las cárceles de todo el país
Ya está en marcha un sistema para detectar y frenar teléfonos dentro de los penales. También habrá controles para evitar que ingresen aparatos con el personal autorizado.
El Gobierno de Javier Milei habilitó la instalación de tecnología avanzada para detectar y bloquear celulares en las cárceles federales. La medida ya quedó oficializada y apunta a cortar de una vez por todas las maniobras que, según la Casa Rosada, siguen saliendo desde adentro de los penales. La resolución fue firmada este lunes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y le da vía libre al Servicio Penitenciario Federal para aplicar el sistema.
El objetivo es impedir el uso indebido de teléfonos dentro de los establecimientos y achicar el margen de acción de bandas criminales que todavía operan tras las rejas. Para eso, se puso en marcha el "Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales", que ordena paso a paso cómo se detectan y anulan los equipos. El mecanismo trabaja con dos códigos clave: el IMEI, que identifica cada aparato, y el IMSI, ligado a la tarjeta SIM.
Cuando un celular se prende dentro de una zona prohibida, los equipos lo reconocen al instante y generan un reporte con los datos necesarios. Después, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios pide el bloqueo inmediato a las empresas de telefonía, que deberán validar la información y dejar inutilizado el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas. La idea es que ese teléfono no pueda volver a conectarse a ninguna red.
El control no alcanza solo a los internos. También habrá vigilancia sobre el ingreso de celulares por parte de personal autorizado. Para eso, se dispondrán sectores específicos fuera de las áreas restringidas, donde agentes penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados deberán dejar sus dispositivos antes de entrar. Además, habrá monitoreo permanente desde centros de control, con registros actualizados de los equipos bloqueados y auditorías periódicas para chequear que todo se cumpla como corresponde.
La resolución se encuadra en el régimen legal vigente sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, que reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la ley, pero prohíbe de manera expresa las llamadas mediante celulares. La Dirección Nacional de Tecnología de la Información, que depende de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, será la encargada de los trámites de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología. También se ordenaron ajustes técnicos para evitar que el sistema afecte zonas exteriores de los penales donde se instale.
