El Gobierno impulsa una reforma dura: reempadronamiento y más controles para las pensiones
La Casa Rosada mandó al Senado un proyecto que endurece el acceso a las pensiones por invalidez y cambia de raíz el esquema vigente. La iniciativa suma requisitos, cruces de datos y deja afuera varios beneficios que hoy están contemplados.
El Gobierno nacional metió en el Congreso un proyecto para retocar de punta a punta la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que, según denuncian distintos sectores, no se viene cumpliendo pese a los fallos judiciales. El texto llega en medio de la fuerte crisis política por el supuesto pago de coimas que investiga la Justicia y después de la eliminación de la ANDIS. La propuesta lleva un nombre que ya marca el tono: "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez".
La iniciativa apunta a derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley vigente y, con eso, dar marcha atrás con varios de los cambios que habían ampliado el alcance de la ayuda estatal. En los hechos, el oficialismo busca reinstalar un esquema más restrictivo, con más filtros y menos margen para quienes hoy acceden al beneficio. También plantea un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, que deberán volver a demostrar su situación médica, socioeconómica y laboral.
Si alguien no cumple con ese trámite, el proyecto establece una suspensión automática y la pérdida del beneficio. Además, ordena un sistema de fiscalización con cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante cualquier inconsistencia detectada, la pensión podría quedar suspendida de manera preventiva, aunque con derecho a defensa y proceso. En el Gobierno dicen que la meta es cerrar la puerta a irregularidades; del otro lado, temen que el ajuste termine golpeando a quienes realmente necesitan la asistencia.
Otro cambio fuerte aparece en el mundo laboral: el proyecto fija una incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. En criollo, si se aprueba, una persona con discapacidad no podría tener trabajo registrado y conservar la pensión al mismo tiempo. También borra beneficios vinculados a la contratación de personas con discapacidad por parte de empresas y organizaciones, al quitar referencias a programas de inclusión y reconocimiento. A eso se suma la eliminación del piso mínimo de calidad en las prestaciones, con aranceles homogéneos, y una desregulación de la negociación con obras sociales y prepagas.
En materia de financiamiento, el texto habilita convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para administrar y repartir fondos. También deja prácticamente sin efecto el nomenclador actual y modifica el esquema de actualización de las prestaciones. La pensión no contributiva quedaría atada al 70% del haber mínimo jubilatorio, mientras que los aranceles se ajustarían trimestralmente o por IPC si hay demoras. En paralelo, el proyecto suprime la actualización automática de las pensiones por IPC y endurece el control sobre todo el sistema.
La jugada política no es menor: el texto entró por el Senado porque en la Casa Rosada creen que ahí les resulta más sencillo juntar números que en Diputados. De todos modos, se espera una discusión áspera con los bloques aliados, muchos de los cuales acompañaron la emergencia el año pasado. El Gobierno apuesta a ganar tiempo con una nueva ley, pero el costo político puede ser alto. En el medio, miles de personas con discapacidad quedan mirando de reojo un debate que puede cambiarles la vida de un día para el otro.
