Uruguay puso en marcha la ley que regula la eutanasia
Con la firma del decreto reglamentario, el país vecino activó una norma que abre una discusión fuerte en toda la región y marca un precedente clave en América Latina.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estampó este miércoles la firma del decreto reglamentario que pone en marcha la ley que regula la eutanasia, conocida también como "muerte digna". La norma había sido aprobada en el Senado en octubre de 2025 y ahora quedó formalmente activa. Con este paso, el país vecino se convirtió en el tercer país de la región y el undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa.
Orsi explicó, según publicó El País, que firmó el decreto "luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha". También sostuvo que "La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas". En esa misma línea, recordó que hace seis meses se avanzó en los cuidados paliativos y remarcó que acompañar, aliviar y cuidar forman parte esencial de cualquier decisión en este terreno. Después, defendió la ley como resultado de una conversación profunda, atravesada por miradas, creencias y sensibilidades distintas.
La aprobación en el Senado tuvo respaldo del oficialismo y de parte de la oposición. La redacción reunió los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, mayoría en la cámara alta, además de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y de los senadores colorados Ope Pasquet y Heber Duque, este último suplente de Andrés Ojeda. Con la misma redacción que ya había pasado por Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Colombia y Ecuador habían despenalizado el procedimiento, pero por fallos de sus cortes constitucionales, no por una norma votada en el Congreso.
La ley habilita el acceso a personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o sufran dolores "insoportables" con un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Cada caso será evaluado por un equipo multidisciplinario dentro de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos. Además, la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento, algo que quedó expresamente contemplado en el proceso.
