La CGT salió a cruzar al Gobierno por el reparto de los fondos médicos

La CGT encendió la alarma y apuntó directo contra el Gobierno por lo que considera un manejo inequitativo de los fondos destinados a la salud. La central sostuvo que las obras sociales sindicales, que cubren a 14 millones de personas en la Argentina, atraviesan una crisis que ya roza lo terminal. Según el diagnóstico que llevaron al Consejo Directivo, hoy hay una imposibilidad concreta de sostener prestaciones básicas en varios casos.

El informe, elaborado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), describe un panorama pesado y sin maquillaje. Allí se mencionan obras sociales dadas de baja, otras declaradas en crisis y algunas intervenidas, como OSPRERA y Ladrilleros. La advertencia es clara: con una economía que aprieta y servicios cada vez más caros, la cobertura se achica y el sistema empieza a crujir por todos lados.

La central remarcó que el esquema se financia con un 9% del salario, pero ese aporte viene perdiendo fuerza por la caída del poder adquisitivo, que ronda el 30%. A eso se suman los aumentos de las prestaciones, que vienen muy por encima de la inflación y del costo de vida. En números, la recaudación promedio por beneficiario se ubica en $67.525, aunque más de 9 millones de afiliados quedan por debajo de ese nivel.

El punto más delicado, según el informe, es el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio). Los técnicos de la CGT estiman que en marzo de 2026 rondaría los $85.000 por persona, casi un 25% por encima de lo que hoy recauda el sistema en promedio. Con ese desfasaje, más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportarían lo suficiente para cubrir las prestaciones exigidas.

Desde la central explicaron que, para seguir funcionando, muchas obras sociales dependen del auxilio de sus propios sindicatos. Sin ese respaldo, varias entrarían en cesación de pagos. También advirtieron que se resiente la cadena de pagos a prestadores, algo que termina pegando de lleno en la calidad de atención, en las demoras para conseguir turnos y en el malestar de los afiliados. La situación, dicen, ya se siente en la vida cotidiana de miles de familias.

Otro golpe fuerte aparece en los medicamentos. Según el informe, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de remedios ambulatorios cayó en promedio un 49%, y ese deterioro sigue vigente. La CGT también cuestionó el impacto de los monotributistas, cuyo aporte al sistema ronda los $20.000, un monto muy por debajo del costo del PMO. A eso le suman que muchos ingresan con una carga de enfermedad mayor a la de los afiliados habituales.

El diagnóstico también incluye a los jubilados que siguen dentro de las obras sociales. La CGT señaló que el PAMI transfiere hoy $48.269 per cápita, muy lejos de los aproximadamente $159.000 que recauda. En paralelo, el informe cuestionó la facturación de hospitales públicos, sobre todo en distritos como CABA, donde afirman que los valores pueden superar a los de prestadores privados y que muchas veces las denuncias de internaciones llegan tarde o de manera irregular.

Por último, la central sindical cargó contra el Ministerio de Salud y la Superintendencia por la distribución de los subsidios automáticos. El foco estuvo puesto en el SUMA, el SUMARTE y el SUMA 65, que según la CGT no corrigen el problema de fondo y reparten fondos surgidos de los aportes de los propios trabajadores. También advirtieron que el Fondo Solidario de Redistribución quedó más debilitado por el último DNU, que redujo de 20% a 15% los aportes de los salarios más altos, achicando todavía más el margen para sostener el sistema.