Milei prepara otra avanzada para achicar el Estado y la manda al Congreso
El oficialismo quiere retomar por ley los recortes y cambios en organismos públicos que habían sido frenados en 2025. La jugada promete abrir un nuevo frente de tensión política y sindical.
El presidente Javier Milei ya tiene en marcha una nueva embestida para reformar organismos públicos y piensa enviarla al Congreso en los próximos meses. La idea es volver a poner sobre la mesa cambios que el Gobierno había intentado aplicar por decreto, pero que el año pasado quedaron frenados por el rechazo de ambas cámaras. En la Casa Rosada lo presentan como una profundización de la famosa "motosierra", el sello más fuerte del plan de ajuste para 2026.
El texto está siendo trabajado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con su equipo técnico. Según fuentes oficiales, la intención es reimpulsar por vía legislativa la eliminación, fusión y transformación de distintos entes públicos que habían quedado sin efecto tras la caída de los decretos en 2025. Pero en el Gobierno ya dejan trascender que el proyecto podría ir más allá de lo pensado al principio e incluir otros organismos.
En Balcarce 50 reconocen que ya no cuentan con las facultades delegadas que les permitían avanzar por decreto, así que ahora el terreno clave será el Parlamento. "Va a ser una revisión integral", repiten en el oficialismo, con la mira puesta en una reorganización más amplia del Estado. El antecedente más cercano fue la reforma que buscaba disolver organismos como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, además de eliminar la ARICCAME, el INAFCI y el INASE.
Aquel paquete también contemplaba transformar institutos como el INTI, el INTA, el INV y el INPI. Después del golpe legislativo, el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás y restituir por decreto la normativa anterior para que el funcionamiento administrativo no quedara desarmado. Ahora, la nueva ofensiva se encuadra en la política de achique del empleo público que el Gobierno viene empujando sin freno.
De acuerdo con el último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con datos hasta febrero de 2026, desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público. Esa cifra representa una baja del 13 % del total. El mismo documento marca una caída del 18,5 % en la Administración Pública Nacional y del 13 % en el sector descentralizado. En el Gobierno aseguran que necesitan profundizar el ajuste del gasto y avanzar sobre estructuras que consideran duplicadas, sobredimensionadas o con escasa productividad.
Todo indica que la discusión volverá a ser áspera. El oficialismo ya imagina roces con la oposición, los gobernadores y los gremios estatales, que en 2025 cuestionaron tanto el contenido de la reforma como la forma elegida para aplicarla. Por ahora no hay fecha precisa para el envío del proyecto, pero en la Casa Rosada dicen que será dentro de los próximos meses y que antes quieren destrabar otras iniciativas, como la Ley Hojarasca y el paquete ligado a la propiedad privada.
