Citan a declarar a prestamistas en la causa por las compras inmobiliarias de Adorni
La Justicia avanza sobre las operaciones inmobiliarias en Caballito y apunta a esclarecer de dónde salió la plata. Cuatro mujeres fueron convocadas a declarar en el expediente.
La causa judicial que revisa las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo y viene con movimientos fuertes. Ahora, la Justicia citó a declarar a las mujeres que habrían financiado la compra de propiedades mediante préstamos en dólares garantizados con hipotecas privadas.
La medida fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y alcanza a cuatro personas. Por un lado, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la compra de un departamento sobre la calle Miró, en Caballito, donde hoy vive el funcionario. Por otro, también deberán presentarse Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, relacionadas con otra operación inmobiliaria en la calle Asamblea, en la misma zona porteña.
Según el cronograma fijado, Sbabo y Viegas fueron convocadas para declarar el jueves 9, mientras que Molina y Cancio deberán hacerlo el lunes 13. El expediente pone la lupa sobre una operación concretada el 18 de noviembre de 2025, cuando Adorni compró un departamento en Caballito por 230.000 dólares.
La transacción despertó sospechas por varios puntos: el valor del inmueble, que estaría por debajo de los precios habituales de esa zona, y el dato de que cerca del 87% del monto habría sido financiado por dos jubiladas. El departamento, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía antes a Sbabo y Viegas, y previamente había estado en manos del exfutbolista Hugo Alberto Morales.
Pero eso no fue todo. En el mismo período, también aparecieron otras operaciones inmobiliarias ligadas al jefe de Gabinete. En ese marco, se incorporó al expediente un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires que detalla otra maniobra: la hipoteca del departamento donde Adorni vivía con su familia, también en Caballito, sobre la calle Asamblea.
A partir de esa garantía, habría obtenido un préstamo de 100.000 dólares otorgado por Molina y Cancio. Con estas medidas, la fiscalía busca reconstruir el circuito financiero de las operaciones y determinar en qué condiciones se concretaron los créditos que hicieron posible las compras.
