El secretario de Minería fue denunciado por su rol en la reforma de la Ley de Glaciares
A horas de una sesión clave, presentaron una denuncia penal contra Luis Lucero por presuntas incompatibilidades y por su participación en la discusión de una reforma que podría favorecer a mineras con las que trabajó.
Cuando faltan menos de 24 horas para la sesión por la Ley de Glaciares, estalló una denuncia penal contra Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación. La presentación lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública y sacudió el clima político en la previa del debate. El planteo fue impulsado por Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Según la denuncia, Lucero habría tenido vínculos previos con el estudio Marval, O"Farrell & Mairal y con grandes empresas del rubro, entre ellas Glencore, Rio Tinto, AngloGold Ashanti, Vale y Newmont. Además, se señala que también integró directorios de firmas ligadas al sector minero. El eje de la acusación es directo: habría participado en la construcción de una reforma que beneficia a compañías con las que trabajó antes de asumir el cargo.
La discusión no quedó ahí. En el debate en comisiones, Maximiliano Ferraro, de Capital Federal, lanzó una frase filosa al cuestionar la lista de invitados: "Piedra libre, que canten sus conflictos de interés. Con la lista de invitados decidida hoy por las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales para dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares quedó claro que acá no hay buena fe. Convirtieron el plenario en una representación sectorial minera, queriéndonos hacer creer que acá solo se discuten los recursos de las provincias cordilleranas". El planteo dejó al descubierto la tensión política que rodea la iniciativa.
La presentación judicial también remarca que Lucero fue apartado formalmente mediante la Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía por su relación con proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA). Sin embargo, aun con esa excusación, habría seguido interviniendo en la reforma de la ley que impacta de lleno en esos negocios. Para los denunciantes, el cuadro es claro: un posible conflicto de intereses en el momento más sensible del debate.
