La oposición le pide explicaciones al Gobierno por la situación patrimonial de Adorni

Los diputados Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, del interbloque Unidos, movieron una ficha fuerte en el Congreso y presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Quieren que el Gobierno explique con lujo de detalles la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación llega en medio de una polémica que ya lleva casi un mes y que sigue sumando ruido político.

En total, el escrito contiene 29 preguntas y apunta, sobre todo, a saber si la Oficina Anticorrupción tuvo algún papel real en el control de la evolución patrimonial del funcionario. Los legisladores preguntan si se inició algún procedimiento de verificación desde que asumió en funciones públicas y si aparecieron inconsistencias entre los activos declarados, los pasivos informados y las declaraciones juradas presentadas. También quieren saber si declaró bienes registrables, inversiones o activos del cónyuge o del grupo familiar conviviente.

El pedido va más allá y reclama precisiones sobre posibles bienes, propiedades, sociedades, participaciones empresariales o activos financieros vinculados al entorno familiar de Adorni. Incluso piden que se informe si el PEN o la OA verificaron la eventual compra de bienes registrables por parte de su esposa, Bettina Angeletti, durante 2024, 2025 o 2026. La intención, según plantean, es despejar cualquier duda sobre la evolución patrimonial integral del funcionario.

Otro eje sensible del pedido está puesto en el viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, una salida que ya fue denunciada por los tres diputados en la Justicia. Quieren saber si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de viajes del actual jefe de Gabinete en aeronaves privadas durante el ejercicio de sus funciones, si ese traslado quedó asentado en agendas oficiales o registros administrativos, y si se usaron recursos públicos, seguridad, logística estatal u otra asistencia del Estado. Además, exigen que se aclare si el viaje fue declarado ante la Oficina Anticorrupción en el registro de viajes financiados por terceros.

En los fundamentos, los legisladores remarcaron que cuando aparecen dudas razonables sobre la evolución patrimonial de funcionarios de alta jerarquía o sobre gastos relevantes durante el ejercicio del cargo, los mecanismos de control tienen que actuar con claridad y transparencia. También sostuvieron que quienes ocupan puestos clave en el Gobierno están sometidos a un estándar más alto de rendición de cuentas. Y cerraron con una advertencia política que no pasó desapercibida: si hubo vuelos privados y terceros involucrados en su financiamiento, eso debe quedar perfectamente aclarado con información oficial, verificable y completa.