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Deuda con contratistas

El Gobierno piensa en pagar las deudas con bonos y despierta polémica en la construcción

Las constructoras están al horno con la deuda que arrastra el Estado desde 2023 y ahora se entera que podrían saldar ese saldo con bonos. Todavía no saben bien qué instrumentos usarán ni qué monto abarcará, pero la preocupación crece en el sector.

El Gobierno piensa en pagar las deudas con bonos y despierta polémica en la construcción

El Ejecutivo está en plena danza para resolver sus pagos pendientes con las constructoras, y parece que la idea es saldar esas cuentas con bonos. Así lo confirmaron las propias empresas a Ámbito. Este plan incluiría no solo contratos recientes, sino también obras públicas impagas desde el 2023, con un monto que supera los $6 billones recaudados por impuestos específicos para infraestructura.

Por estas horas, los ingresos fiscales están de capa caída hace siete meses y en febrero tuvieron una caída interanual real del más del 7%. Esto puso al Ministerio de Economía contra las cuerdas, con ajustes de por medio que le apretaron el cinturón al gasto, salvo a los intereses de la deuda. En este contexto, algunos jugadores de la Casa Rosada quieren poner en marcha la obra pública, moviendo partidas desde el gobierno central y girando fondos a las provincias.

Pero la cosa está atada, porque los contratistas todavía tienen certificados pendientes desde 2023, apuntando a proyectos que arrancaron en la gestión anterior y algunos pocos que vieron la luz durante la gestión de Javier Milei. "El Gobierno está pensando en un bono para las deudas, todavía no sabemos si será para algunos organismos o para todos, ni qué período abarcará la deuda", relataron desde el sector a Ámbito, y remarcaron que las características del instrumento siguen siendo un misterio.

Recordemos que en 2024, el ministro Luis Caputo usó un método parecido para cancelar deudas con las generadoras de energía, donde la operación fue formalmente "voluntaria" pero, en los hechos, las empresas tuvieron que aceptar para cobrar los pagos atrasados.

La bronca se sostiene porque ese dinero ya está recaudado: unos $6 billones a precios constantes entre fines de 2023 y principios de 2026, de acuerdo a datos del Instituto Argentina Grande. Este monto reúne alrededor de $3 billones por el impuesto a los combustibles líquidos, destinado al fideicomiso de infraestructura de transporte y al sistema vial integrado; y otros $3 billones del Impuesto PAIS, vigente hasta 2024.

Desde el instituto que trabaja con el ministro bonaerense Gabriel Katopodis no se andan con vueltas: "Es una trampa, porque la plata para las obras está en las partidas del Presupuesto que no se ejecutan". Y profundizan: "Ahora usan las obras para conformar un fondo y reponer la plata que se gastó para pagar intereses de la deuda".

En 2023 y 2024, las constructoras sufrieron un desplome del 25% en la actividad, que luego se estancó. Durante ese lapso, se perdieron unos 120 mil empleos que hasta ahora no lograron recuperarse. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, sentenció en diálogo con Ahora Play que la causa principal es la "casi nula" inversión en infraestructura pública nacional y que el sector no es ajeno al ajuste fiscal.

Para cerrar, Weiss señaló que el encarecimiento de los costos en dólares, sumado a un tipo de cambio quieto y la inflación que no afloja, transformaron la construcción en un terreno menos seductor para inversores: "si uno quiere comprar un departamento conviene volcarse al producto terminado antes que meterse en un pozo", dijo sin rodeos.

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