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Política

La Justicia le bajó el pulgar a la CGT en la pelea por la reforma laboral porteña

El juez Enrique Lavié Pico rechazó la cautelar que buscaba frenar los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, que transferiría competencias laborales a la Ciudad. La central obrera no baja los brazos y avisó que seguirá peleando en tribunales.

La Justicia le bajó el pulgar a la CGT en la pelea por la reforma laboral porteña

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 le dijo que no a la medida cautelar impulsada por la CGT, que pretendía detener la puesta en marcha de los artículos 90 y 91 de la polémica ley 27.802, esa que transfiera funciones laborables a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La firma del rechazo lleva el sello del juez Enrique Lavié Pico, quien ya había desechado a comienzos de este año otros amparos controvertidos.

Desde la central obrera aclararon a Infobae: "Estamos definiendo lo que sigue en materia judicial, pero sí es seguro que vamos a continuar el reclamo judicial".

La CGT había presentado el 6 de marzo un amparo donde pedía que se declararan nulos e inconstitucionales esos artículos de la ley, publicada ese mismo día en el Boletín Oficial. Buscaban además una medida cautelar que paralice tanto la aplicación de esos artículos como el convenio que traslada competencias, por temor a que la transferencia complique futuras reparaciones laborales.

El juez Lavié Pico explicó que las medidas cautelares innovativas, como la planteada por la CGT, son excepcionales y no deben otorgarse si alteran la situación previa sin justificación suficiente. Arguye que esa cautelar en los hechos equivale a resolver el fondo del asunto antes de tiempo y no vio peligro inminente que aconsejara acelerar la suspensión.

Además, valoró que la vía rápida elegida –el amparo– garantiza una pronta resolución definitiva y que no hay indicios de un daño irreparable que haga temer que la sentencia pierda efecto con el paso del tiempo.

Por eso, rechazó el pedido y ordenó que el Estado Nacional produzca en cinco días el informe correspondiente, conforme a la normativa vigente, mientras la CGT ya se prepara para pelearla uno de estos días en tribunales.

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