En el 8M, referentes sanjuaninas exigieron refuerzos en políticas públicas para mujeres y diversidades
Legisladoras, académicas y organizaciones sociales de San Juan pidieron mayor compromiso estatal para garantizar derechos, asistir a las víctimas y enfrentar la violencia de género y la justicia familiar.
En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), un grupo de voces fuertes del mundo político, académico y social de San Juan se juntaron para analizar la complicada realidad que atraviesan mujeres y diversidades en la provincia y en todo el país. La diputada provincial por el PJ, Fernanda Paredes, fue la encargada de abrir la charla, remarcando que "cada 8 de marzo es una fecha para reivindicar la lucha histórica del movimiento de mujeres, defender derechos conquistados y seguir avanzando en aquellos que aún faltan". No dudó en señalar que el panorama actual despierta más preocupación e incertidumbre y que urge fortalecer las políticas públicas con más recursos y presupuesto para sostener los dispositivos de asistencia y acompañamiento.
Por su parte, la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Andrea Leceta, puso el foco en la comunidad universitaria, donde docentes, no docentes y estudiantes se movilizan con cautela ante la situación salarial y presupuestaria. Explicó que las propuestas nacionales para recomponer los sueldos no alcanzan a saldar la deuda acumulada, y si bien aclaró que "en la universidad los salarios no difieren entre hombres y mujeres", admitió que queda mucho por avanzar en la igualdad efectivamente establecida, ya que "persisten desigualdades en el acceso a cargos de decisión" donde aún predominan los hombres.
En otro tramo, la referente del Consejo Provincial de Diversidad, Mariana Cánovas, resaltó que el 8M no es una fiesta, sino una jornada de lucha "destinada a visibilizar demandas y defender derechos adquiridos". Mostró preocupación por los retrocesos o trabas en la aplicación de derechos fundamentales, como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los tratamientos hormonales para personas trans, que aunque contemplados en la ley, sufren obstáculos en la práctica. Además, insistió en la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir y acompañar a las víctimas, en especial frente a la persistente violencia de género y las dificultades relacionadas con la justicia familiar y la violencia doméstica que golpean a muchas mujeres en la provincia.
Una voz que emocionó por su relato fue Natalia Baidez, quien compartió su lucha de nueve años para que la Justicia asegure la cuota alimentaria para su hijo. Hoy, solo se consiguió que la abuela paterna aporte un 10%, pese al reclamo del 35%. "Mi defensora me dijo que la última palabra la tiene el juez", confesó, mostrando la incertidumbre y la espera interminable que enfrentan muchas madres sanjuaninas. Por último, Irene Olmos, de la Asociación Civil La Fuerza de Mujer, comentó que desde la organización acompañan a mujeres con conflictos judiciales por violencia doméstica y disputas familiares, y que las consultas por violencia doméstica y agresiones sexuales contra niños y niñas, muchas veces ocurridas en el hogar, han aumentado en los últimos años, reflejando la gravedad y complejidad de la problemática actual.