Universidades en pie de guerra: paro nacional y un gobierno buscando la vuelta con otra ley

Desde La Plata hasta Córdoba, pasando por Buenos Aires, Formosa, San Juan y Corrientes, la caterva de al menos 31 casas de estudio públicas le plantó un paro nacional al Gobierno. Miles de estudiantes se quedarán sin clases en el primer cuatrimestre y todo apunta a un reclamo que no es menor: el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario aprobada, vetada y finalmente ratificada por ambas cámaras del Congreso durante el 2025, pero que aún no ve la luz pese a un fallo judicial que la obliga a ser implementada.

Mientras tanto, desde el oficialismo, no se quedan quietos ni un segundo: elaboran un proyecto propio para meterlo al Congreso a ver si se puede imponer una ley más "amigable". Dicen que en febrero hubo varios encuentros con las cabezas universitarias, y en una foto protocolar aparecieron Carlos Torrendell (secretario de Educación), Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias), Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional).

Sin embargo, el clima que mostraban esos personajes hace un mes, hoy parece un recuerdo lejano. "No veo factible un acuerdo porque nunca están unidos. Siempre hay sospechas de algunos dialoguistas que cuidan sus intereses y terminan jugando en contra del conjunto, mientras otros están más comprometidos con los docentes y estudiantes", comentan quienes impulsaron la ley.

Al notar esta desunión y mientras el personal docente y no docente mantiene una postura firme convocando al paro desde el 16 al 22 de marzo, el Gobierno pareció optar por una jugada distinta: llevar un proyecto al Congreso en período extraordinario. Aunque en el discurso de apertura de sesiones de Javier Milei no hubo menciones a esta iniciativa, miembros del bloque libertario la marcan como una prioridad. "Queremos terminar con el tema judicial, político y económico-financiero", declararon. Además, aseguraron que el Gobierno busca una ley "cumplible y pagable".

Aunque la Comisión de Educación aún no fue armada ni en Diputados ni en Senado, el proyecto que tocó Diputados en septiembre preveía gastos por un 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La contrapropuesta del Ejecutivo promete una "recomposición presupuestaria para cubrir gastos de funcionamiento y garantizar aumento salarial tanto para docentes como no docentes".

Recordemos que la última paritaria consensuada fue en octubre de 2024, y desde entonces todos los ajustazos vinieron por decreto. Además, el interés del Gobierno por minimizar la ley ya había quedado en evidencia con intentos previos de modificar el presupuesto 2026 para eliminar progresivos incrementos en educación y fundir fondos clave como el Nacional para Educación Técnico Profesional.

El choque judicial y político se intensificó tras la promulgación de la ley en octubre del 2025, cuando el Ejecutivo mediante decreto frenó su aplicación, rechazando enviar los fondos porque "no hay definición clara de cómo cubrir los costos" y criticando la falta de explicaciones financieras por parte del Congreso.

Ante este panorama, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 emitió una medida cautelar favorable al Consejo Interuniversitario Nacional para hacer cumplir artículos esenciales de la ley que aseguran actualización salarial y aumento en becas estudiantiles conforme a la inflación.

Este jueves, el Gobierno apeló el fallo, aunque pronto podría buscar soluciones legislativas para evitar el roce con la Justicia. Mientras tanto, un informe de CEPA muestra que el presupuesto educativo se desplomó un 33% en términos nominales desde 2023 y un 2,3% desde 2025, con becas que se desplomaron un 76% en los últimos tres años y un 4,2% en el último año.

En este clima caliente, la agrupación gremial CONADU expresó su bronca por la oferta del Ejecutivo de apenas un 12% de aumento frente a un reclamo del 55%. Y no descartaron estirar el paro si no se cumple la norma ya sancionada, manteniendo en vilo a toda la comunidad educativa del país.