Milei busca la libertad educativa mientras las provincias corren a asegurar la caja

El presidente Javier Milei mostró el domingo la hilacha sobre su mirada para la educación: cambios de fondo en los niveles inicial, primario y secundario para recuperar la calidad, que según él, está por el suelo. Sin embargo, la famosa ley de libertad educativa que prometió sigue quedando en la libreta, sin pisar formalmente el Congreso.

Mientras tanto, al menos diez ministros de Educación provinciales están cocinando otra iniciativa, bien diferente: una que garantice que los billetes para educación nunca falten. "La reforma educativa es estructuralmente inviable si se desvincula de la solidez financiera", plantean ellos, que también remarcan que la inversión no puede ser "una variable de ajuste", sino la clave para el cambio.

Por otro lado, Milei tiró una frase fuerte en la Asamblea Legislativa: "Durante nuestro gobierno, las escuelas servirán a su propósito original de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos". Pero ojo, no se animó a dar detalles ni fechas.

El proyecto de libertad educativa, que busca derogar la vieja Ley 26.206 vigente desde 2006, pone el foco en la autonomía de las escuelas, el rol de la familia y el control estatal menos invasivo. Definen a la educación como "el derecho de toda persona, por sí o asociada con otras, a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones". Pero no cuenta con el visto bueno de las provincias ni tampoco tiene fecha para tratarse en el Parlamento. Se dice que está en manos de Federico Sturzenegger, en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Mientras tanto, en Mendoza, bajo la batuta del gobernador Alfredo Cornejo, nació otra propuesta para blindar los recursos. Presentada en el Consejo de Mayo, apunta a poner un piso al presupuesto y un fondo federal único para becas, estímulos docentes e infraestructura. Todo con un ojo en evitar que la educación sea una víctima del ajuste.

Desde que arrancó la gestión de Milei, la inversión en educación bajó casi un 48%, y según los expertos, la reducción seguirá el próximo año si no se toman medidas. Además, se eliminó la obligación de gastar al menos el 6% del PBI en educación, una meta que sólo se alcanzó una vez en veinte años.

La propuesta de las provincias no solo fija un presupuesto mínimo igual al del año anterior sino que lo actualiza según inflación o aumento de salarios docentes, lo que sea mayor. También propone un mecanismo federativo para ayudar a las provincias con más vulnerabilidad socioeducativa y priorizar programas estratégicos como ampliar la educación inicial y fortalecer la formación docente.

Por su parte, el proyecto del Gobierno empuja a las familias a ser las protagonistas de la educación de sus hijos, habilita el homeschooling y permite que las escuelas diseñen sus planes sin ataduras siempre que respeten contenidos mínimos y horas establecidas. Además, propone publicar los resultados de las pruebas Aprender y crear un examen nacional para terminar la secundaria, junto con evaluaciones docentes periódicas.

En resumen, se viene una pelea a fondo por el futuro educativo del país entre un proyecto libertario que busca independencia y menos control y otro provincial que quiere asegurar la plata para no caer en la improvisación. El próximo capítulo se juega el 18 de marzo en el Consejo Federal de Educación donde se verá quién tiene más cancha para imponer su plan.