El Senado baja la edad de imputabilidad a 14 y pone en marcha una ley polémica

En una sesión caliente, el Senado convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, que ya había pasado por Diputados, logró el visto bueno con 44 votos afirmativos, 27 en contra y una abstención. Ahora se aguarda su reglamentación y publicación para que la norma empiece a regir.

La iniciativa surgió del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien no ocultó su alegría tras la aprobación y defendió el cambio con toda la garra: "El Estado no puede seguir sin dar respuestas. No importa la edad, importa el delito". Para ella, esta reforma busca "ordenar y hacer cumplir la ley".

La discusión fue un pote de grillos, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Desde el Gobierno la defendieron como una herramienta para dejar de darle vueltas a los delitos de menores y darle también protección a las víctimas. Algunos senadores del oficialismo remarcaban que la nueva ley combina responsabilidad penal con mecanismos para que los pibes puedan volver a incluirse en la sociedad.

Pero en el otro lado del ring, el bloque peronista disparó críticas al enfoque duro y puso la lupa en la falta de inversión. Denunciaron que los 23.700 millones de pesos destinados a provincias no alcanzan para adecuar cárceles ni crear espacios especiales. Además, cuestionaron con argumentos constitucionales y advirtieron que la ley podría terminar aumentando la judicialización de los adolescentes.

La sesión presidida por Victoria Villarruel tuvo momentos de tensión, con pedidos de minuto de silencio por víctimas y contrapedidos entre bancadas que le pusieron más pimienta al encuentro.

¿Qué dice la nueva ley? Pone en marcha un sistema penal juvenil para chicos de 14 a 18 años, con procesos en órganos especializados, protegiendo sus derechos y asegurando que la privación de libertad sea la última opción y acorde a la gravedad. Prohíbe que compartan celdas con adultos y garantiza acceso a educación, recreación y asistencia integral.

Propone un esquema de sanciones que va desde tareas comunitarias y monitoreo electrónico, hasta medidas socioeducativas y reparación a las víctimas, que también tendrán voz y asistencia durante todo el proceso. Incorpora supervisores judiciales especializados y pautas para casos de salud mental o consumo problemático.

Con este paso, el Gobierno celebra una reforma clave en seguridad, aunque la pelea seguirá en los tribunales y en la arena política cuando la norma empiece a aplicarse en los barrios y ciudades del país.