Estados Unidos le da la espalda al pedido de multa millonaria contra Argentina por el caso YPF

El Departamento de Justicia de Estados Unidos salió al cruce de las pretensiones de los demandantes en el polémico juicio por la expropiación de YPF, defendiendo la postura de la Argentina ante el pedido de sanciones y desacato promovido en la corte de la jueza Loretta Preska. En un documento de 29 páginas, alertaron que "el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones".

La presentación también destacó los esfuerzos de la Argentina para colaborar con el proceso, señalando que "los requerimientos de discovery relacionados con comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos". Por eso, sostienen que "la moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada".

Desde la Procuración del Tesoro resaltaron que este apoyo reafirma la solidez jurídica del Estado argentino, basado en el respeto a las normas internacionales y las reglas que rigen las relaciones entre países. Subrayaron también que, durante más de dos años, el país cumplió con el proceso de discovery de buena fe, entregando más de 115.000 páginas de documentos. Sin embargo, los demandantes no lograron presentar pruebas que respalden sus acusaciones.

La polémica gira en torno a la etapa de discovery, donde fondos como Burford Capital aseguran que Argentina incumplió órdenes judiciales y reclamaron una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que se entregue la información reclamada, incluyendo comunicaciones privadas de funcionarios y datos sobre activos soberanos. También pidieron que se reconozca que diversas entidades estatales son "alter ego" del Estado, lo que abriría la puerta a embargos.

Burford Capital presentó su reclamo a principios de año, acusando a la defensa argentina de "mala fe" por no entregar información sobre mensajes privados y correos electrónicos de ministros como Luis Caputo y el exministro Sergio Massa. Según estos fondos, el Estado habría demorado la entrega de datos para evitar la identificación de activos que permitan cobrar la millonaria sentencia de 16.100 millones de dólares, elevando los costos diarios del litigio a unos 4 millones de dólares entre multas e intereses.

Sin embargo, la posición oficial norteamericana viene a ponerle paños fríos a la cuestión, respaldando a la Argentina e invitando a no aplicar las sanciones que podrían afectar las relaciones internacionales y la soberanía. La pulseada judicial continúa, pero esta vez con un aliado inesperado del lado nacional.