Senado mete mano en la Ley de Glaciares y abre la puerta a inversiones en zonas periglaciares

Este jueves, en un agarrón que levantó polvareda, el Senado le dio media sanción a la reforma de la ley de Glaciares con el firme objetivo de destrabar inversiones en las áreas periglaciares. La votación terminó 40 a 31, con una abstención, y el proyecto ahora sigue su rumbo hacia Diputados, donde se definirá su futuro definitivo.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros funcionarios de peso festejaron a todo trapo desde las galerías, mientras afuera la cosa pintó más tensa con activistas de Greenpeace que terminaron detenidos tras intentar boicotear la sesión. Un camarógrafo de A24 sufrió la furia de la policía cuando intentaba mostrar cómo la seguridad usaba gas pimienta contra los manifestantes. ¡Mirá si no se armó bardo!

Con esta movida, el oficialismo cumple una promesa con gobernadores de las provincias cordilleranas que piden una ley más flexible, para que la minería y los hidrocarburos puedan rodar sin tanta traba. La reforma propone diferenciar las formaciones periglaciares que cumplen una función hídrica fundamental de aquellas que no, dejando sólo a las primeras con protección estricta y habilitando la explotación en las demás. Eso significa que no todo el paisaje altoandino quedará blindado como antes.

Hasta ahora, la ley del 2010 protegía con uñas y dientes glaciares y zonas periglaciares, esos ecosistemas de suelos congelados o saturados, esenciales para el equilibrio hídrico, y a las actividades económicas les prohibía meter mano. El cambio plantea mantener esa prohibición en glaciares visibles, pero cuidar el agua dejando un margen para proyectos con potencial productivo en zonas sin función hídrica confirmada.

El proyecto crea un Inventario Nacional a cargo del IANIGLA, que será la brújula para saber dónde se puede tocar y dónde no. Mientras tanto, siguen lanzados los debates a flor de piel en el recinto y fuera de él. El oficialista Agustín Coto insistió en la necesidad de armonizar la norma y mantener prohibiciones importantes, señalando que es un tema que el Senado ya venía tratando desde hace rato.

Pero la oposición no perdona: Daniel Bensusán llamó a discutir de frente con la gente, señalando que el agua y el ambiente no se negocian por intereses económicos de unos pocos. El camporista Martín Soria denunció que la reforma es una avanzada para reducir a Argentina a un exportador de materia prima sin agregar valor, y criticó duramente el cambio de postura del oficialismo.

Alicia Kirchner expresó que el proyecto es un retroceso institucional y pidió que vuelva a comisión para dar mayor seguridad jurídica. En tanto, la chubutense Carlos Linares recordó los males que la minería pudo dejar, reclamando mayor control provincial para evitar que los pueblos queden abandonados tras el paso de las empresas.

El debate gira entre quienes ven la actualización como necesaria para el desarrollo federal y quienes temen un daño irreparable al agua y al ambiente. El cordobés Luis Juez defendió el voto a favor asegurando que no contradice sus posturas de antaño, sino que busca devolver autonomía a las provincias y eliminar ambigüedades jurídicas.

Finalmente, voces críticas como Edith Terenzi y Ana Marks alertan sobre vicios constitucionales y consideran que la reforma es un regalo para empresas extranjeras más que una solución ambiental. Sin dudas, este capítulo en la historia de la ley de Glaciares está lejos de cerrarse, con un futuro cargado de polémicas y puja entre protección y progreso.