La CGT ajusta la tuerca y define su estrategia frente al combo de sanciones que le lanzó el Gobierno

Con la reforma laboral a punto de salir del horno en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) se enfrenta a un desafío complicado: levantar una medida de fuerza firme que mantenga unido al movimiento obrero.
El panorama se pone caliente porque desde el Gobierno vienen con la lupa puesta en La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), avisando que, si vuelven a plegarse a un paro, no dudarán en aplicar multas que exprimen al máximo y hasta en sacarle la personería gremial. Una movida que agitó aún más la interna cegetista.

Este lunes y martes, los referentes máximos de la CGT se reúnen para cerrar filas y definir la jugada. La estrategia por ahora apunta fuerte a la Justicia con la intención de declarar inconstitucionales varios puntos del proyecto, especialmente los que bajan las indemnizaciones y le ponen techo al derecho a huelga.

Después del paro del jueves, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) no se quedó quieto y ya avisó que irá con un cese de actividades de 36 horas apenas el Senado dé el visto bueno. Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, dejaron caer que van a ir a fondo con sanciones porque consideran que ambos gremios violaron la conciliación obligatoria.

Los sindicalistas justifican su adhesión alegando que se sumaron al paro nacional convocado por la CGT y no por reclamos propios, pero la Casa Rosada no se conforma y estudia desde multas hasta procedimientos que terminen con la personería jurídica. "Si fueron al paro e incumplieron la conciliación obligatoria, la idea es ir a fondo", comentaron fuentes oficiales, anticipando que esto podría terminar en los tribunales.

Desde el Ejecutivo quieren que los gremios del transporte se bajen de un posible paro de 36 horas. La ministra Sandra Pettovello ya había advertido que cualquier medida de fuerza será una violación a la conciliación obligatoria vigente.

En cuanto a los líderes sindicales, la mirada oficial diferencia entre el ferroviario Omar Maturano, de perfil más opositor, que incluso no firmó las paritarias, y Roberto Fernández, de la UTA, con quien mantienen un diálogo más abierto y quien anteriormente no acató algún paro por estar en conciliación obligatoria.

En los pasillos de Azopardo vuelven a sentirse los vientos de división y bronca. Aunque el enojo con el modelo es cosa de todos, las diferencias internas se hacen notar, sobre todo porque varios gobernadores peronistas ya dieron luz verde para que sus legisladores apoyen la reforma oficialista.
Cristian Jerónimo, uno de los jefes de la CGT, no se guardó nada y sentenció: "Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores". Recalcó que esos mandatarios "supuestamente lo hacen para beneficiar a sus provincias, pero sabemos que eso no tiene impacto real" y apuntó a Tucumán, Catamarca y Salta, indicando que "el tiempo juzgará esta traición".

En cuanto al plan de lucha, Jerónimo adelantó que la batalla se dará en la Justicia y en el territorio, asegurando que "no vamos a permitir que haya retroceso". También rechazó por completo cualquier negociación con el Gobierno diciendo que "nunca existieron" y que siempre esperaron una convocatoria para dialogar que nunca llegó.

El dirigente aprovechó para criticar duramente a la Unión Industrial Argentina (UIA), tachándola de "cómplice" en esta ley regresiva, y lamentó que la industria nacional siga perdiendo mientras se culpa a los derechos laborales.

Para terminar, desde el lado combativo, Daniel Yofra, líder del FreSU y secretario general de la Federación Aceitera, le pidieron a la CGT que ponga fecha para un paro de 36 horas con movilización apenas entre en danza la reforma en el Senado.
Yofra no dudó en desacreditar a quienes "apostaban a los políticos o a la Justicia" y afirmó que "el sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos" para hacerle frente a un Gobierno que, según él, "le declaró la guerra a la clase trabajadora".