La Justicia estadounidense le bajó el pulgar a Argentina y acelera el juicio por YPF

En una movida que complica la situación de nuestro país, la Justicia de Estados Unidos desestimó un pedido de la Procuración del Tesoro de Argentina para suspender el mecanismo de discovery en el juicio por la expropiación de YPF. La defensa nacional esperaba frenar el trámite mientras se resolvía la apelación contra la condena multimillonaria por u$s16.100 millones, pero la jueza Loretta Preska no aflojó y dejó todo en marcha.

Los representantes argentinos solicitaron que se detuviera la identificación de posibles activos estatales embargables en el juicio impulsado por el fondo Burford. Sin embargo, Preska sostuvo que «una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de $16.100 millones no suspendida durante más de dos años».

Para la magistrada, el reclamo llegó tarde porque el Gobierno tenía que haber presentado esa solicitud antes del depósito de garantías hace dos años. Además, aclaró que no está claro que la apelación de Argentina pueda prosperar y descartó que el proceso de discovery le cause daños irreparables al país, advirtiendo que detenerlo ahora premiaría «años de incumplimiento» y alentaría a futuros litigantes a seguir ese camino.

Mientras tanto, los fondos Petersen y Eton Park pidieron sanciones contra Argentina por supuestas demoras en entregar comunicaciones en el proceso relacionado con correos y mensajes de funcionarios. La defensa oficial negó el desacato y ratificó que están cumpliendo con la justicia, señalando que ninguna penalidad puede aplicarse antes de agotar el derecho a defensa.

El conflicto viene desde la sentencia original del 2023 que condenó al país por la expropiación de YPF, y mientras el Gobierno intenta frenar la ofensiva con apelaciones, los demandantes advierten con posibles multas y medidas estrictas si no reciben la información requerida.

Por otro lado, los querellantes buscan demostrar que instituciones como el Banco Central, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas son extensiones del Estado y, por ende, embargables. Argentina rechaza tajantemente ese argumento y lo califica como un intento de hostigamiento contra la soberanía nacional.

Con el ojo puesto en las reservas de oro del Banco Central, el Estado aseguró que no maneja información sobre su paradero y defendió su inmunidad soberana, reforzando que esas reservas no pueden ser embargadas ni en Estados Unidos ni en ningún otro país.