La CGT lanza advertencia y promete llevar a la Justicia la reforma laboral si el Congreso la aprueba

En un mano a mano con Infobae, el titular de la CGT, Jorge Sola, no anduvo con vueltas: adelantó que si el Parlamento da luz verde a la reforma laboral, el gremio no se quedará de brazos cruzados y la llevará directo a la Justicia. "La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales", fue categórico.

Durante la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, compuesto por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola explicó que la central obrera se plantó firme ante un programa económico que deja afuera a los laburantes. "Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción".

El dirigente subrayó que el rechazo al proyecto es total. "No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza".

Sola aclaró que la protesta no va dirigida a un gobierno en particular, sino a un proyecto que, según dijo, viene en un momento delicado para la sociedad. "No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social".

Consultado sobre si la huelga busca influir en los legisladores, argumentó: "Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses".

Además, defendió la legitimidad del reclamo: "Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social".

En cuanto a los puntos más polémicos de la reforma, Sola opinó que no se trata de modernizar, sino de recortar derechos. "No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares".

Cuestionó también la posibilidad de negociar convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: "Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores".

Sobre el banco de horas, alertó que permite al empleador ajustar horas sin pago extra y definiciones unilaterales que perjudican al laburante: "Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida".

Respecto al paro, Sola valoró que fue el más contundente de los cuatro realizados en el actual gobierno. "El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto".

Sobre el futuro, anticipó que la lucha sigue firme y será judicial: "No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley".

Por último, fundamentó la apelación al ámbito judicial: "Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel".