Superávit fiscal a fuerza de tijeretazos: obra pública paralizada y recortes duros en subsidios y universidades

Al comienzo de este 2026, el Gobierno vuelve a fardar con superávit en las cuentas públicas: en enero, el Sector Público Nacional (SPN) anotó un superávit fiscal primario de $3,13 billones y uno financiero de $1,11 billones, a pesar de pagar intereses de deuda por $2,02 billones. Pero ojo, porque este resultado no es magia, sino que está sostenido en un ajuste que pega fuerte.

Los mayores recortes se sienten en la obra pública, los subsidios (sobre todo al transporte), las jubilaciones y la plata que va a las universidades. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el gasto total bajó un 31,7% real respecto a enero de 2023. Este tijeretazo más que compensó una caída del 2,7% en los ingresos reales, que todavía no logran arrimar para un buen repunte.

Si miramos un poco más atrás, entre enero de 2023 y enero de 2025, el gasto cayó un 27,2%, mientras los ingresos bajaron un 8,1%. O sea que la quita en el gasto es más dura que el mal momento de la recaudación. Además, durante enero el Estado cobró $1,04 billones (algo así como USD 700 millones) por vender centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin ese ingreso puntual, el superávit habría sido menor: $2,09 billones primarios y apenas $0,07 billones financiero, según CEPA.

El puñetazo más duro lo recibe la inversión en obra pública, que desplomó un 89,3% frente a enero de 2023. La paralización de proyectos sigue siendo clave en el ajuste y, por lo visto, no hay señales de que vayan a encender la maquinaria pronto, apunta el informe.

Los subsidios económicos también se achicaron un 38,1% respecto al año pasado. En el transporte, la baja fue de 41,6%, producto en buena medida de la suspensión de compensaciones tarifarias en el Área Metropolitana con el sistema SUBE. En energía, a pesar del salto del 191,3% en transferencias a CAMMESA, el monto sigue un 29,1% por debajo que un año atrás, marcando que el ajuste sigue apretando.

Las universidades públicas tampoco se salvaron: las transferencias cayeron 8,8% interanual y un 25% respecto a enero de 2023, totalizando $0,39 billones. Desde diciembre del 2025, los sueldos se pagan con retraso porque en noviembre no se abonaron los haberes del mes, una situación complicada que todavía no se solucionó.

En lo social, las prestaciones bajaron 1,5% y 20,2% interanual y respecto a enero de 2023, con excepción de la Asignación Universal para Protección Social y prestaciones del INSSJP, que subieron 40,5% y 29,7%, aunque no alcanzan a compensar la caída en jubilaciones (17,2%), asignaciones familiares (31,4%) y otros programas, muchos de los cuales fueron suspendidos o congelados, como la Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo y Acompañar, con el consiguiente desgaste para quienes dependen de ellos.

En materia de ingresos, la cosa no está mejor: la recaudación total fue $14,52 billones, con caída real de 1,2% en comparación a enero del año pasado. Destacan las bajas en Bienes Personales (14,6%) y Derechos de Exportación (40,7%), con algunos cambios transitorios en retenciones y liquidaciones anticipadas. El IVA también bajó, reflejando que el consumo doméstico no termina de levantar cabeza.

Un dato no menor: el superávit financiero no incluye intereses capitalizados de títulos públicos en pesos como LECAP, BONCAP y DUALES. Si se suman esos intereses, el resultado financiero en enero sería deficitario en $1,71 billones. Considerando todo 2025, el déficit financiero alcanzaría nada menos que $27,30 billones, superando por mucho las utilidades que el Banco Central transfirió al Tesoro.

Finalmente, el Gobierno enfrenta las metas fiscales que pactó con el FMI. Para marzo de 2026, la revisión fijó un superávit indicativo de $4,29 billones, y para junio una meta más dura de $8,46 billones. Según CEPA, si se repite el desempeño de 2025, la meta de marzo se cumpliría, pero faltarían cerca de $1,48 billones para junio, lo que obliga a mantener un ritmo mensual fuerte durante los próximos meses.