El Gobierno pone toda la carne al asador y apela ante la Corte la devolución de la pensión a Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), metió un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para impugnar la decisión que mandó volver a darle la pensión por viudez a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace poco, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado reponer ese beneficio que antes había sido dado de baja por la Resolución N° RESOL-2024-1092-ANSES-ANSES.

La movida oficial, impulsada por la ministra Sandra Pettovello, reclama que el máximo tribunal revise el fallo. Según argumentan, la resolución afecta el principio de legalidad y altera el sentido claro de las normas vigentes. En el escrito que pudo consultar Infobae, denuncian una "manifiesta errónea aplicación del derecho" porque el tribunal pasó por alto la prohibición explícita del cobro en casos de condena penal firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

El corazón del entuerto está en cómo se entiende jurídicamente la asignación que reciben ex presidentes y sus familiares. El Ministerio sostiene que no es una jubilación común ni un beneficio previsional basado en aportes, sino una asignación graciable, no contributiva, que premia el mérito y la honra del desempeño presidencial. Mientras que las jubilaciones garantizan la subsistencia con aportes hechos, esta asignación se liga más al reconocimiento honorífico y, por eso, debería mantenerse sólo si siguen vigentes las condiciones éticas que la justificaron.

Desde la mirada oficial, esta prestación no tiene una naturaleza alimentaria de sostén básico: es una gracia estatal por la función desempeñada. Por eso, puede ser retirada si desaparecen los requisitos legales que la motivaron. El eje de la presentación es lo que llaman "indignidad sobreviniente" tras la condena firme por la "Causa Vialidad". La ex presidenta fue sentenciada a seis años de prisión domiciliaria en San José 1111 y a la inhabilitación perpetua. Para el Ejecutivo, mantener un beneficio honorífico para quien fue condenado por corrupción en función pública y en perjuicio del Estado no tiene ningún sentido.

Este planteo explica que la condena penal no es sólo castigo personal, sino que resta la base ética para seguir percibiendo una asignación que premia conducta ejemplar. Además, sostienen que la Cámara no valoró bien esta cuestión. Otra punta de lanza es la medida cautelar que mandó reinstaurar el pago mientras se resuelve el fondo: el Gobierno considera que esa cautelar no era para nada justa, porque le adelantó al polémico fallo sus efectos prácticos sin resolver la discusión más gruesa.

También cuestionan que no se demostrara un daño grave y concreto que justifique suspender el cese del beneficio ahora mismo. Dicen que, como la asignación no es para cubrir necesidades básicas, no puede alegarse un perjuicio irreparable inmediato. Este lío va más allá del caso puntual y abre la puerta a un debate serio sobre si alguien condenado por delitos contra el Estado puede seguir cobrando este tipo de beneficios honoríficos financiados con plata pública.

Ahora, la última palabra la tendrá el máximo tribunal, que deberá decidir si acepta el desafío de revisar la polémica sentencia de la Cámara y poner paños fríos o darle un nuevo giro al culebrón judicial.