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Por la reforma

Jueces laborales alertan sobre un posible "colapso" judicial y miles de causas en jaque

Un grupo de jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo advierte sobre el impacto negativo del traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, destacando el riesgo para los trabajadores y la necesidad de inclusión en las decisiones.

Jueces laborales alertan sobre un posible "colapso" judicial y miles de causas en jaque

Un grupo de jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo encendieron una luz roja al presentar una carta formal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En esa nota dirigida al presidente del tribunal, Leonardo Ambesi, manifestaron preocupación por la posible transferencia de competencias a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y reclamaron ser parte de los debates sobre el futuro del fuero.

Los magistrados dejaron en claro que no estuvieron ni en charlas formales ni informales relacionadas con esta reforma ni con proyectos similares, y resaltaron que "el panorama actual es totalmente nuevo, y por ende incierto".

Uno de los temas más fascinantes de esta movida judicial es la cantidad de causas que maneja hoy la Justicia Nacional del Trabajo: alrededor de 60.000 nuevos expedientes por año, o sea, unas 5.700 por mes. Si se concretara el traspaso de competencias y se establecieran los diez juzgados previstos en la ciudad, cada uno debería bancarse cerca de 600 expedientes mensuales, lo que da casi treinta por día. "Difícil que la ansiada rapidez planteada en la ley pueda sostenerse si cada juzgado está hasta las manos con tantos casos", alertaron con firmeza.

Además, suman las ejecuciones de sentencias ya dictadas: solo en octubre y noviembre de 2025 se emitieron más de 13.000 resoluciones. La cifra total de expedientes en trámite podría llegar a 2.500 casos por juzgado en poco tiempo, un número que, para ellos, es ciertamente preocupante.

Otro dolor de cabeza es que el cambio implica aplicar nuevas leyes procesales en juzgados flamantes, con equipos y sistemas informáticos distintos a los que están aceitados después de casi 60 añosde funcionamiento bajo la actual ley 18.345. Los jueces advierten que esto podría traducirse en "cantidad de incidencias procesales" que atrasen y enturbien la claridad de las decisiones, lastimando a ambos lados: tanto al trabajador que espera su derecho como al empleador que busca certezas.

En cuanto al equipo judicial y los empleados del fuero nacional, reconocen su formación profesional lograda por concursos y exámenes, y plantean la necesidad urgente de mecanismos que garanticen la continuidad laboral de quienes decidan mudarse a la ciudad, evitando que la eventual caída progresiva de causas termine en recortes de personal.

Los jueces también reivindican el legado del fuero laboral, recordando figuras como Antolín Abad y Amadeo Allocati, y señalan que fue el primer organismo en instaurar un examen de ingreso en 1959 y pionero en informatización. Resaltan que "el derecho del trabajo es acaso la herramienta legal más poderosa para la paz social" y que estos tribunales reparan "el tejido social roto".

Por último, solicitaron que sus inquietudes sean consideradas por la Cámara, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. "Si no fuera una situación tan delicada, no pediríamos formalmente esta clase de gestiones", remarcaron, ofreciendo colaboración para que, si la transición se concreta, se haga con normas claras que protejan los empleos y la prestancia del servicio judicial.

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