El Gobierno pone el pecho y apela la orden para subir el financiamiento universitario

Este miércoles, el Gobierno nacional decidió no dar el brazo a torcer y apeló la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que viene tras el fallo que ordenó actualizar los sueldos docentes y las partidas para nuestras universidades públicas.

Con el apoyo de la Procuración del Tesoro, el Poder Ejecutivo presentó el recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y pidió un efecto suspensivo para que la medida quede frenada hasta que se resuelva todo el lío judicial.

La cautelar fue dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, luego de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas. En aquel momento, el magistrado había calificado de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta» el decreto que postergó la aplicación de la ley financiadora.

Pero el Estado replicó, asegurando que primero hay que definir cómo se financia la ley y que eso corresponde al Congreso, no a la Justicia, advirtiendo además que la medida puede desbalancear las cuentas públicas.

Y para ponerle más picante a la historia, en su recurso el Gobierno cuestionó la imparcialidad del juez porque también da clases en una universidad y, por ende, sería beneficiario directo de la medida. Igual, la Cámara rechazó esa recusación al no encontrar pruebas concretas.

Mientras tanto, la Cámara tendrá la posta para confirmar o anular la medida, que tiene un impacto directo en los bolsillos y el funcionamiento de las casas de estudio.

Como si fuera poco, el Ejecutivo ya está metiendo mano en la negociación con el CIN para buscar una reforma en el financiamiento que garantice estabilidad fiscal y escuche los reclamos históricos del sector. La movida apunta a no tirar nada abajo sino modificar la ley para sacar algo que contente a todos y pase sin mayores choques por el Congreso.

El conflicto escaló fuerte sobre todo entre 2024 y 2025, con marchas multitudinarias en Buenos Aires y varias provincias al grito de «Si hay veto, hay marcha», repudiando el veto a la ley que ya había sido aprobada en el Parlamento.

En este contexto, el secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez se juntaron con el presidente y vicepresidente del CIN, Carlos Greco y Franco Bartolacci, para empezar a tejer consensos antes de llevar el proyecto al Congreso.

Greco definió el encuentro como «de acercamiento en la dirección correcta» y se fue con la esperanza de que «podremos avanzar en la resolución de algunos de las demandas que tenemos». Bartolacci, por su parte, confesó que «quedan varios temas por resolver» pero valoró el diálogo como «un paso en la dirección correcta».

Desde la Secretaría de Educación resaltan el compromiso para lograr no solo la plata necesaria sino también la seguridad jurídica para las universidades, buscando calmar así los ánimos y encarar una solución de fondo que termine con los mareos actuales.

Todo indica que la nueva ley que quieren impulsar responderá a las voces que piden previsibilidad fiscal y garantías para el sector académico, buscando cerrar este capítulo complejo con una norma que pase sin sorpresas ni más líos judiciales.