Fiscales van por todo: quieren decomisar el depto donde Cristina cumple la domiciliaria
Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al tribunal secuestrar más de 140 propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluyendo el departamento en Capital donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola salieron a la carga con un pedido que no deja dudas: solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que decomisen más de 140 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. Entre los bienes reclamados figura nada menos que el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria en San José 1111, en pleno corazón porteño.
El pedido incluye un total de 141 inmuebles: trece a nombre de sociedades ligadas a los Kirchner y 128 vinculados a Báez. Pero no se quedan ahí: también apuntan a 46 autos, 4.664.000 dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, casi un millón de dólares en una caja de ahorro del Banco Galicia y $53.280,24 en efectivo. Todo un arsenal patrimonial embargado.
Los fiscales explican que la movida responde a que los condenados "todavía no han depositado ni un solo peso", a pesar de que el plazo para hacerlo venció hace meses y la deuda asciende a la friolera de $684.990.350.139,86 producto de una defraudación monumental contra la Administración Pública. Según los investigadores, Cristina y Báez están dilatando el recupero de bienes ordenado por la Justicia, mostrando una "total falta de arrepentimiento" y un desafío directo a la sentencia y al principio de igualdad ante la ley.
Este pedido se suma a otro que el Ministerio Público Fiscal había hecho en noviembre donde solicitó el embargo de otros 111 inmuebles y varios vehículos y cuentas. En total, ya son 252 propiedades las que se quieren asegurar como parte del proceso judicial.
El listado incluye no solo el departamento porteño sino también el hotel La Aldea en El Chaltén, Santa Cruz, y en cuanto a Báez, varias propiedades en barrios privados de alto nivel como Ayres de Pilar y múltiples casas en Pinamar. La denuncia señala que mientras muchos condenados fardan de fortunas impensadas y desproporcionadas, ningún peso devuelve al Estado como corresponde.
Luciani y Mola concluyen con una advertencia clara: "Para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales para recuperar los activos provenientes de los delitos, especialmente de la gran corrupción". En definitiva, quieren que los responsables paguen hasta el último peso de lo que se llevaron de más en esos doce años de irregularidades.
