Ministros y secretarios: sueldazos entre 4 y casi 6 palos netos por mes

Después de aguantar casi dos años con el sueldo congelado, el Gobierno le puso fin a uno de los temas que venía sacudiendo la administración pública: la caída del poder adquisitivo y la fuga de cuadros calificados. Por orden de Javier Milei, se actualizaron los salarios de ministros, secretarios y otros pesos pesados del Ejecutivo.

Este lío empezó a cocinarse a puertas cerradas en varios organismos, especialmente en el Indec. Se hizo notar con la partida de Marco Lavagna y la sorpresiva búsqueda de trabajo de su sucesor, Pedro Lines, que hasta colgó en LinkedIn el aviso "open to work" porque la plata no alcanzaba. Varios empleados alertaron que, con salarios que no se ajustaron, cuesta retener técnicos y profesionales cuando el sector privado ofrece monedas mucho más tentadoras.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, no esquivó el bulto y admitió que "los sueldos quedaron muy bajos. A muchos se les hace muy difícil sostenerse. Algunos pueden, otros no, y terminan yéndose al sector privado, donde ganan mucho mejor".

Según datos oficiales, el presidente Javier Milei sigue con un sueldo bruto mensual fijo de $4.066.018 desde diciembre de 2023, y la vicepresidenta Victoria Villarruel cobra bruto $3.764.821, sin subas. A ellos no los tocó el último aumento.

Pero para el resto de las autoridades la música es otra: los ministros subirán de un bruto de $3.584.006 a entre $5.800.000 y $6.600.000, y los secretarios dejarán su bruto de $3.282.709 para alcanzar entre $5.300.000 y $6.100.000. En la calle, eso significa golpes de hasta el 86% y un piso de 62% más en el bolsillo, según el cargo.

Este reajuste empezó a regir desde el 1° de febrero de 2026, para los sueldos de enero que cobran en febrero, y es sólo para ministros, secretarios y mandos altos. El Decreto 931/2025, firmado y publicado en diciembre, apunta a ordenar un sistema más transparente, basado en mérito y desempeño, para tener un Estado profesional y eficiente.

El texto remarca que el ajuste salarial es parte de un plan más amplio para transformar el Estado, dejando atrás un esquema desarmado y sin incentivos para que los mejores talentos se queden y no se vayan del lado privado. Todo esto sin comprometer la salud fiscal, en medio de un superávit y orden macroeconómico que el Gobierno quiere mantener a rajatabla.