El exjefe de OSSE que aprobó los caños del Acueducto Gran Tulum, ahora como asesor del senador Uñac

Mientras el Acueducto Gran Tulum sigue generando ruido con denuncias sobre irregularidades, surge un dato que vuelve a prender la mecha del escándalo: Sergio Ruiz, quien fuera presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) justo en el momento clave de la licitación, actualmente cobra un lugar como asesor del senador nacional Sergio Uñac.

Este pase administrativo tuvo lugar en febrero de 2024, apenas semanas después de que el exgobernador dejara el Ejecutivo provincial para estrenarse en la banca del Senado. Ruiz, que sigue siendo personal de planta permanente en OSSE, fue habilitado para brindar "apoyo, soporte y asesoramiento en diversas áreas" en el ámbito legislativo, bajo la modalidad de transferencia temporal entre dependencias estatales. Todo registrado en el expediente 511-677874-2024, que lo cubre desde el 4 de enero al 31 de diciembre de 2024, con renovación automática y con las firmas correspondientes de la presidencia de OSSE y otras autoridades administrativas.

Pero la polémica toma fuerza cuando se recuerda su papel durante su presidencia de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, justo cuando se llevó adelante la licitación más importante para el Acueducto Gran Tulum. En esa compulsa, la empresa Krah resultó adjudicataria para proveer los caños y, según documentación oficial, su apoderado era Gustavo Monti, primo del propio exgobernador Uñac. La cosa no termina ahí: la empresa también consiguió una segunda licitación para otros 56,7 kilómetros de tuberías por más de 1.398 millones de pesos, incluso por encima del presupuesto inicial.

En marzo de 2016, bajo el mandato de Ruiz, se aprobó además una redeterminación de precios del 55% para Krah, en el contexto de la fuerte devaluación del dólar. Esta obra, que se suponía estratégica para asegurar el agua potable a gran parte del territorio sanjuanino, hoy está paralizada y con serias dudas sobre la calidad y resistencia de los caños que fueron calificados como "experimentales" por otras empresas competidoras y cuestionados tanto en OSSE como por el fondo kuwaití financiador del proyecto.

A pesar de que la obra se frenó, la Provincia ya empezó a pagar el crédito desde 2025. Paralelamente, una demanda judicial iniciada por Marcelo Arancibia busca desentrañar qué fue lo que pasó con esa segunda licitación y las responsabilidades que pesan sobre los funcionarios involucrados. Por el lado oficial, la Cámara de Diputados no se quedó atrás y aprobó por unanimidad pedir informes al Ejecutivo para que expliquen por qué se paralizó la obra, cómo fue el proceso de contratación de los caños y qué evaluación técnica se realizó.