Secta, abusos y mutismo: el escándalo que sacude al Senado bonaerense

A más de un mes de las detenciones que abrieron la caja de pandora en la Legislatura bonaerense, el silencio político retumba fuerte. La causa conocida como "La Orden de la Luz", una presunta secta que se movía en los pasillos del Senado provincial, reveló una trama oscura llena de abusos, poder y encubrimientos que aún no tuvo ni una palabra oficial de los jefes.

Los señalados principales son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Muñoz, empleados legislativos con más de diez años en el puesto, hoy presos y acusados de integrar una organización que captaba mujeres jóvenes con un discurso político y militante para luego someterlas a abusos sexuales, amenazas y extorsiones. Usaban la agrupación "La Capitana" como pantalla para reclutar víctimas.

La investigación judicial detalla que elegían a las víctimas tomando de punto su vulnerabilidad, su interés en la política o su falta de experiencia. No se trataba de una red de prostitución tradicional, sino de un entramado que creaba una dependencia psicológica y una relación de poder desequilibrada, que terminaba en abusos reiterados bajo el acecho de amenazas con armas blancas.

A pesar de la gravedad de las denuncias, que incluyen abuso sexual agravado, amenazas y hasta recaudación ilegal sobre los salarios de empleados, el Senado bonaerense guardó absoluto silencio. Ni un comunicado oficial, ni una palabra de la presidenta Verónica Magario, quien en público solo esquivó el tema y habló de internas partidarias. El mutismo se extiende al arco político completo, sin ninguna legisladora ni dirigente que se anime a pronunciarse públicamente, dejando un vacío lleno de incertidumbre.

Una fuente con larga trayectoria en la Cámara Alta contó que los acusados circulaban con total libertad por zonas clave del Senado, especialmente en el edificio anexo llamado "La Casita", un lugar histórico del poder provincial. "Tenían acceso irrestricto, nadie los controlaba", confesó.

En los últimos días, luego de varias semanas de silencio, Rodríguez y Muñoz pidieron declarar ante la fiscal Betina Lacki. La causa, que tiene el visto bueno del juez de Garantías Juan Pablo Massi, sigue su marcha mientras se suman testimonios que describen un patrón constante de violencia, manipulación y abusos.

El letrado Ignacio Fernández Camillo, que representa a algunas víctimas, aclaró que la imputación no gira en torno a la entrega de favores sexuales, sino a violaciones y abusos cometidos en un contexto sectario que permitió que los hechos se prolongaran en el tiempo. "La secta es el vehículo, no el delito en sí", explicó.

Las denuncias vienen desde distintos años: algunas datan de 2019, otras son bien recientes y una se retrotrae a 2014 por amenazas y lesiones. Justamente ese año habría arrancado un sumario interno en el Senado, que hasta ahora no tiene registros claros ni resultados públicos.

Mientras la Cámara de Senadores se prepara para renovar su cuadro institucional, el escándalo sigue sin que nadie dé explicaciones. Ni las autoridades legislativas, ni las agrupaciones vinculadas a los acusados, ni los referentes que levantan banderas de género se pronunciaron. En un caso que atraviesa abusos y violencia contra mujeres, la palabra sigue brillando por su ausencia.