Intendenta de Chimbas frena el Presupuesto 2026: "El Concejo quiere gobernar y no controlar"

El municipio de Chimbas se armó un fuerte lío político este miércoles. La intendenta Daniela Rodríguez anunció que vetó de punta a punta el Presupuesto 2026 sancionado por el Honorable Concejo Deliberante en diciembre, porque asegura que la ordenanza "desvirtúa el proyecto original del Ejecutivo y viola la división republicana de poderes".

En un comunicado dirigido a los vecinos y al personal municipal, Rodríguez señaló que el Concejo se pasó de rosca alterando partidas, creando gastos y cambiando prioridades, una tarea que, según ella, sólo le corresponde al Ejecutivo.

"El Concejo puede autorizar y controlar, pero no ejecutar ni administrar", aclaró la jefa comunal, y subrayó que lo aprobado no se ajusta al plan que envió el Ejecutivo.

El mayor fuego está en la plata que se asignó al propio Concejo: nada menos que cuatro mil millones de pesos, una suma que Rodríguez calificó de exorbitante para un cuerpo legislativo municipal.

Desde la comuna saltaron a la luz que este aumento obliga a achicar un montón de áreas críticas. En juego están los aumentos a sueldos, pagos de bonos, mejores condiciones para los contratados y la continuidad de servicios esenciales que dependen del presupuesto local.

En su dura crítica, la intendenta acusó al Concejo de intentar "pasar de controlar a gobernar", sacándole funciones fundamentales al Ejecutivo cuando redefine partidas.

Tampoco quedaron afuera los sueldos: el Concejo decidió subir el salario de la intendenta, con la clara intención de aumentar también el de los concejales, ya que sus sueldos están atados al de la jefa comunal, explicó Rodríguez.

A eso sumó la controversia por el traslado de partidas de gastos propios del Ejecutivo al Legislativo, como viáticos, subsidios y contrataciones, y además la creación de cargos políticos nuevos y direcciones que no tienen respaldo legal, como Eventos, Recursos Humanos, Compras, Contrataciones e Innovación.

Rodríguez destacó que intentó dialogar en varios frentes, pero las charlas no dieron fruto. Por eso justificó el veto como la herramienta que le exige la ley para poner un freno.

"El veto no es una cuestión política, es un deber jurídico que responde a proteger el orden constitucional", remarcó con firmeza, insistiendo en la necesidad de mantener el equilibrio entre poderes y la gobernabilidad.

Ahora el Concejo tendrá que decidir si insiste con el presupuesto, y para eso hará falta una mayoría especial de dos tercios, o sea al menos siete votos a favor.

La definición se espera para este viernes 16, cuando vuelven a sesionar y se definirá qué pasa con el futuro económico y político de Chimbas, en un contexto complicado y con mucho ruido.