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Minería

El Estado Nacional abandona la dirección en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

El Gobierno nacional decidió zafar del manejo de YMAD, dejando a Catamarca y la UNT al mando y abriendo la puerta a cambios en la propiedad y dirección de la empresa.

El Estado Nacional abandona la dirección en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio

El Poder Ejecutivo Nacional resolvió bajarse definitivamente de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), marcando un antes y un después en la historia de esta compañía. Ahora, el control queda en manos de la provincia de Catamarca, que tiene el 60 % de las acciones, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se queda con el 40 % restante.

La movida implica que ambas entidades pueden acordar sumas o cambios en la estructura societaria a futuro, con la posibilidad de incorporar nuevos socios o transferir participaciones. Además, Catamarca toma la posta en la designación del presidente del directorio y dos vocales, y la UNT completa el equipo con otros dos vocales. Antes, esta pelota la manejaba el Poder Ejecutivo Nacional.

El nuevo rumbo manda que la empresa se maneje bajo normas de derecho privado frente a terceros y que pueda sacar créditos bancarios para financiarse, una jugada que podría darle más movimiento y autonomía financiera. Toda esta definición quedó firme con el Decreto 2/2026, que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial, según la agencia Noticias Argentinas.

Este decreto aprueba el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre las partes y ajusta la Ley N° 14.771 para que refleje esta nueva realidad institucional. Un punto clave es que el Estado Nacional ya no cobra ni participa en las ganancias de la mina pero mantenía la obligación (y el riesgo) de poner guita de su bolsillo para sostenerla. Esto se terminó, porque consideran que los objetivos fundacionales de 1958 ya fueron alcanzados.

Para cerrar el círculo, la empresa tiene 180 días para aprobar un nuevo estatuto. Tras este paso, se eliminarán varios artículos de la ley original que regulaban la intervención directa del Estado en la gestión y control de los yacimientos. Un cambio que no solo altera la estructura, sino también la historia de la minería en la región.

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