Ley de Glaciares: el debate que puede destrabar miles de millones para la minería argentina

Se viene un febrero con olor a historia en el Congreso Nacional. La Ley de Glaciares, esa norma que manda en la preservación de nuestras reservas de agua en las alturas, está en la mira para una posible reforma que podría abrir la puerta a proyectos mineros por ¡decenas de miles de millones de dólares! Sí, escuchaste bien: estamos hablando de una movida que puede cambiar el destino del litio, el cobre y demás minerales estratégicos para el país.

Desde el sector minero aseguran que la ley tal como está, con interpretaciones que ellos califican de "exageradas", frenó emprendimientos incluso donde no hay función hídrica real. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros quiere "aclarar" el texto para facilitar las inversiones sin tocar las zonas que deben seguir protegidas. Pero del otro lado, las organizaciones ambientalistas están en alerta y no quieren que esta ley pionera se afloje en defensa de los ecosistemas y el agua, que es oro líquido para todos.

El cobre sería uno de los más beneficiados: aunque hoy no producimos a gran escala, contamos con siete proyectos avanzados en provincias como San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca. Si se destraban, hablamos de más de US$ 14.000 millones en inversiones y la chance de posicionarnos entre los top 5 exportadores mundiales con una producción que llegaría a 1,2 millones de toneladas por año. Una posta para las energías renovables y la electromovilidad, donde el cobre es protagonista.

El litio también pisa fuerte. De dos proyectos en 2022, saltamos a siete hoy, aunque el precio internacional bajó de un pico cercano a US$ 80.000 a poco más de US$ 10.000. Pero no pierden la fe porque siguen siendo pieza clave para baterías y la transición energética. Eso sí: el desafío es industrializar más acá, porque sólo fabricar baterías no alcanza para dar vuelta el mercado a nivel local.

Por último, el empleo está en juego: cada proyecto de cobre podría generar unos 7.000 puestos de trabajo directos en la construcción y más de 2.000 en operación, ¡y eso por hasta 50 años! Pero la industria avisa que sin un marco legal claro y estable, los capitales no van a poner un mango.

En este panorama, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una herramienta que busca seducir a los inversores, aunque no alcanza para tapar la desconfianza que dejaron años de vaivenes impositivos y regulatorios.

Así las cosas, la discusión en el Congreso va a ser clave para definir si Argentina logra avanzar con un combo potente de desarrollo sostenible, protección del agua y empleo. Febrero asoma como la fecha en que la minería podría dar un giro o quedarse atascada entre peleas y tensiones. Un verdadero pulso entre progreso y cuidado del ambiente se jugará en esas sesiones que todos miran de reojo.