El agua entrerriana: una bomba de tiempo que el gobierno mira de reojo

En una provincia llamada Entre Ríos, donde el agua debería ser un tesoro, la situación parece de película pero es tan real como la gente que sufre. Miles de entrerrianos están tomando agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y residuos cloacales que el gobierno de Rogelio Frigerio quiere esconder bajo la alfombra. Porque el agua dulce, ese recurso vital que no se renueva, se está convirtiendo en un peligro silencioso.

Estudios recientes y denuncias de vecinos dibujan un mapa alarmante. Localidades como Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain y Cuatro Bocas tienen niveles altos de arsénico, y en otras, como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp, el veneno roza o supera lo permitido por la provincia, que encima tiene normas desfasadas. La presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada, no se calla: "Los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia, que tiene una escala desactualizada".

Por si fuera poco, el arsénico juega en equipo con el glifosato, y juntos potencian sus efectos tóxicos. ¿Conclusión? La salud de los entrerrianos corre riesgo serio: desde enfermedades digestivas hasta cánceres y trastornos neurológicos. Y aunque los vecinos piden informes y hacen análisis por su cuenta, la mayoría recibe un silencio atronador de las autoridades.

En Crespo, la Justicia tuvo que intervenir para frenar un despropósito: el municipio regaba las calles con agua contaminada llena de desechos cloacales sin tratar. El juez Julián Carlos Vergara no tuvo dudas y ordenó la suspensión inmediata, un peritaje y transparencia total bajo la lupa de la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, el gobierno local puso excusas: "limitaciones presupuestarias" que no alcanzan a justificar semejante riesgo para la comunidad.

Las malas noticias no terminan ahí. En Pueblo General Belgrano llevan nada menos que diez años arrojando efluentes al río sin freno, y la Justicia ya tiene la lupa puesta en la Cooperativa local, investigada por contaminación ambiental grave. En el mismo paquete, un estudio del CONICET reveló que el arroyo Las Conchas tiene récord sudamericano en concentración de glifosato, mostrando con crudeza el costo ambiental del modelo agroindustrial provincial.

La catástrofe también alcanzó a La Paz, donde una inundación dejó al descubierto la feroz contaminación por agroquímicos, afectando hasta el agua potable y provocando un serio peligro para la comunidad educativa de la escuela N° 79 "Pinocho".

El desafío para la provincia es enorme, pero las inversiones previstas parecen más interesadas en pavimentar caminos que en garantizar agua sana. Con un presupuesto provincial que destina el 60% a obras viales y partidas nacionales que apenas tocan algunas ciudades, las comunidades rurales y pequeñas localidades quedan flotando en un mar de promesas vacías.

Entre Ríos puede vanagloriarse de sus ríos, pero el agua que debería ser vida hoy es veneno que atraviesa barrios y pueblos. Mientras la Justicia pone límites y los vecinos exigen respuestas, el gobierno mira hacia otro lado. La pregunta que nadie quiere contestar sigue ahí, clavada como una espina: ¿Cuántos entrerrianos más deben sufrir para que el agua potable sea una prioridad real?